El gobierno dominicano ha modificado el presupuesto del Estado para el año 2026 utilizando recursos provenientes del plan anticrisis, en respuesta a la incertidumbre internacional y la inflación. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de preservar la estabilidad económica, lo que llevó a la aprobación de la Ley 30-26 en el Congreso. Esta ley otorga los recursos necesarios para enfrentar una situación excepcional.

Previo a la Ley 30-26, se aprobó la Ley 16-26, que establece un mecanismo para pagar deudas por obras y servicios ejecutados sin contrato. Aunque esta medida podría parecer una solución a un problema administrativo, en conjunto con la modificación presupuestaria, adquiere un matiz político significativo. La modificación del presupuesto incorpora los recursos extraordinarios obtenidos de la Ley 30-26 a prioridades que ya no corresponden con la finalidad excepcional que se invocó para su obtención.

La secuencia de eventos es clara: primero se creó la necesidad política de obtener nuevos recursos, luego se estableció el mecanismo legal para atender las deudas y, finalmente, se propone un presupuesto que utiliza esos fondos. Esta cronología invita a los ciudadanos a reflexionar sobre el verdadero propósito detrás del sacrificio tributario extraordinario solicitado a la población.

En el Congreso Nacional, se espera que el gobierno, con su mayoría oficialista, apruebe el presupuesto modificado, al igual que las leyes que facilitaron esta serie de decisiones. Sin embargo, la responsabilidad política radica en mantener una coherencia entre las razones ofrecidas para exigir mayores contribuciones y el destino final de esos recursos.

Los impuestos y los presupuestos pueden ser aprobados por mayoría, pero la confianza pública no se puede legislar. Cuando el Estado altera el destino del sacrificio solicitado a los contribuyentes, también se afecta el valor de su propia palabra.