El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo de España contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por una supuesta intromisión en su derecho al honor y a la intimidad personal, solicitando una indemnización de 50.000 euros por daños morales.

La acción legal se origina por declaraciones de Díaz en enero en la red social Bluesky y en el programa La Hora de la 1 de RTVE, donde se refirió a denuncias de dos exempleadas de Iglesias en el Caribe por supuestos abusos laborales y sexuales. Estas denuncias fueron archivadas en España por falta de competencia judicial.

En su demanda, Iglesias pide que la vicepresidenta reconozca que sus comentarios constituyeron una intromisión ilegítima en su honor, se retracte públicamente y asuma el pago de la indemnización y las costas del proceso.

La demanda se presenta tras el rechazo de Díaz a retractarse durante un acto de conciliación a finales de mayo, que fue un paso previo a la presentación de la demanda ante el Supremo, tribunal competente debido al aforamiento de la funcionaria.

Además, Julio Iglesias ha interpuesto una querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas de eldiario.es, incluido su director, Ignacio Escolar, por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral, argumentando que las publicaciones contenían afirmaciones falsas que dañaron su imagen pública.

Las denuncias originales fueron formuladas por dos exempleadas, quienes acusaron al cantante de delitos relacionados con trata de personas, servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero, concluyendo que la Justicia española no tenía competencia para investigar los hechos, ya que supuestamente ocurrieron en varios países del Caribe.

Las acusaciones fueron inicialmente difundidas por eldiario.es y Univisión Noticias, que publicaron testimonios de las exempleadas sobre los supuestos abusos. El archivo de la causa en España se debió a cuestiones de competencia jurisdiccional y no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones.