El Gobierno destinará esta semana 1,525.4 millones de pesos al subsidio de los combustibles, lo que permitirá mantener congelados los precios del gasoil regular, el gas licuado de petróleo (GLP) y la gasolina regular. Sin embargo, la gasolina premium aumentará cinco pesos por galón y el gasoil óptimo doce pesos.

Con esta asignación, el gasto acumulado en subsidios superará los 38,200 millones de pesos durante 2026, según cifras del Gobierno. Este desembolso refleja la creciente presión sobre las finanzas públicas para contener el impacto de los precios internacionales de los derivados del petróleo.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que la partida presupuestada originalmente para subsidios era de 10,000 millones de pesos. Sin embargo, el monto utilizado ya ha superado esa previsión y, de continuar las condiciones actuales, podría alcanzar los 50,000 millones de pesos al finalizar el año.

Las autoridades explican que una reducción en la cotización del petróleo crudo no implica necesariamente una disminución inmediata en los precios de los combustibles en el mercado dominicano. Para productos importados ya refinados, como el gasoil óptimo, su precio internacional es determinante y puede variar de manera diferente al del crudo.

Esta distinción ayuda a entender por qué ciertos carburantes pueden encarecerse incluso cuando el precio del petróleo baja, ya que su disponibilidad depende también de la capacidad de las refinerías para procesarlo y abastecer los mercados.

El Gobierno también ha señalado que los ataques ucranianos con drones contra instalaciones de refinación rusas han afectado a la mitad de las principales plantas de Rusia en septiembre, restringiendo la oferta de productos refinados y presionando sus precios.

Las autoridades sostienen que absorber una parte considerable de esos costos evita trasladar de golpe los aumentos a los consumidores, buscando moderar su efecto sobre los hogares, el transporte y las actividades productivas.

No obstante, la continuidad del subsidio plantea un desafío presupuestario creciente. La proyección de 50,000 millones de pesos equivaldría a cinco veces la asignación inicial, lo que obligaría al Estado a destinar recursos adicionales a una política cuyo costo depende de factores internacionales.