El presidente Luis Abinader ha enfrentado críticas por la incoherencia en las políticas de protección social de su gobierno, tras más de seis años de gestión sin resultados visibles de la Comisión de Revisión y Reestructuración de las políticas y programas de asistencia social, creada mediante el Decreto núm. 687-20 en noviembre de 2020. Esta comisión tenía como objetivo elaborar un proyecto de ley para unificar las instituciones responsables de estas políticas, pero no ha cumplido con su misión en el tiempo estipulado.
A pesar de los objetivos establecidos, el Gobierno ha optado por la improvisación, transformando el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales en el Gabinete de Política Social, que ha dejado de coordinar acciones interinstitucionales y ha comenzado a desarrollar programas propios, compitiendo con las instituciones de salud y educación. Esta falta de coordinación ha generado un desorden institucional y una dispersión de recursos en el sector.
Además, el Decreto núm. 396-22 del 20 de julio de 2022, que incorporó el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha desviado su función principal de identificar y priorizar familias en situación de pobreza, convirtiéndose en una herramienta desactualizada desde su último levantamiento en 2018.
El Gobierno también ha dispuesto la fusión del Programa Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) mediante el Decreto núm. 160-25 del 25 de marzo de 2025, creando la Dirección de Desarrollo Social Supérate. Esta medida ha eliminado la conexión de los programas sociales con el sistema de administración financiera de subsidios, afectando la transparencia y honestidad del sistema, cualidades reconocidas por organismos internacionales como la CEPAL y el BID.
Asimismo, el Decreto núm. 219-25 del 23 de abril de 2025 fusionó los Comedores Económicos del Estado Dominicano y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, creando la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria. Aunque se definió como responsable de la gestión de programas de asistencia, en la práctica, las estructuras funcionales de ambas instituciones permanecieron sin cambios.
Ambas direcciones fueron establecidas como órganos desconcentrados del Ministerio de la Presidencia, que actualmente enfrenta una sobrecarga de programas sociales, lo que contribuye al desorden institucional y a la falta de coordinación en el sector. Esta situación plantea serias dudas sobre la efectividad de las políticas de protección social implementadas por el Gobierno del PRM.
La fragmentación y la falta de coordinación entre los diversos programas y actores responsables de las políticas de protección social aumentan la probabilidad de ineficacia y vulneración de los derechos de los beneficiarios, lo que subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de la arquitectura institucional del sistema de protección social en el país.
