Las declaraciones recientes del expresidente Danilo Medina han reavivado el debate sobre la situación fiscal de la República Dominicana, que enfrenta un cráter fiscal tras la pandemia y la crisis económica. Desde que asumió el cargo en agosto de 2020, el Gobierno de Luis Abinader ha tenido que lidiar con un déficit estructural que ya era del 3 % del PIB, equivalente a RD$129 mil millones.

Antes de la pandemia, el Estado dominicano ya gastaba más de lo que ingresaba, debido a problemas acumulados como la baja presión tributaria, la evasión fiscal y un gasto rígido. La llegada del COVID-19 en marzo de 2020 agravó esta situación, convirtiendo una brecha fiscal en una emergencia nacional, con un déficit total que alcanzó RD$404 mil millones ese año.

El impacto de la pandemia fue devastador: el turismo colapsó en casi 90 %, los ingresos fiscales se desplomaron y el Estado tuvo que aumentar el gasto para evitar una catástrofe social. Esto incluyó programas como FASE I y II, subsidios a empresas y la compra de equipos médicos, lo que añadió RD$275 mil millones al déficit existente.

Además de los problemas fiscales, la pandemia desestabilizó la economía global, encareciendo bienes y servicios y dificultando el acceso al crédito. Los bancos enfrentaron un aumento en la percepción de riesgo crediticio, lo que llevó a un endurecimiento de los estándares de crédito y a un incremento en las tasas de interés, haciendo que el endeudamiento fuera más costoso y complicado.

Ante un déficit tan significativo, el Estado se vio obligado a recurrir al financiamiento para sostener el sistema de salud y la protección social. La deuda no fue una opción política, sino una necesidad económica para evitar un colapso nacional. Evaluar el endeudamiento sin considerar este contexto es incorrecto y deshonesto.

Los organismos internacionales analizan la deuda pública considerando factores como el crecimiento económico y la capacidad de generar ingresos. La discusión sobre la nómina del Estado también requiere precisión, ya que se ha afirmado que pasó de RD$104 mil millones a RD$377 mil millones, pero esta comparación mezcla categorías diferentes.

El problema fiscal en la República Dominicana es anterior a la pandemia y exige reformas profundas. El país enfrenta una baja recaudación, evasión fiscal y una presión creciente de subsidios. Para abordar estos desafíos, se necesita una estrategia a largo plazo que aumente los ingresos y mejore la eficiencia del gasto.

Finalmente, la verdad fiscal no se encuentra en cifras aisladas, sino en un análisis completo del contexto y las decisiones tomadas frente a la crisis. La República Dominicana llegó al 2020 con un déficit estructural que se convirtió en una emergencia fiscal, y el Gobierno de Abinader heredó un país en crisis que requiere atención urgente.