El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó como alarmante que la tasa de feminicidios en República Dominicana alcance 2.4 casos por cada 100 mil mujeres, lo que sitúa al país entre los de mayor incidencia de violencia feminicida en América Latina.

García advirtió sobre el impacto social de esta problemática y aseguró que la tendencia de los feminicidios en el país sigue agravándose cada año. “La violencia feminicida continúa siendo uno de los problemas sociales más graves de República Dominicana”, expresó al citar estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, la Procuraduría General de la República y observatorios especializados.

Las cifras oficiales indican que se registraron 134 feminicidios en 2020, 144 en 2021, 163 en 2022, 137 en 2023 y 130 en 2024. Además, el estudio “Radiografía de la violencia feminicida 2016-2024” revela 664,944 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en ese período, mientras que solo se emitieron 199,919 órdenes de protección.

García indicó que estos datos evidencian debilidades institucionales en la prevención, seguimiento y protección de las víctimas, ya que apenas cerca del 30 % de las denuncias recibieron medidas formales de protección judicial. Esto resalta la necesidad de un enfoque más efectivo para abordar la violencia de género en el país.

El aspirante presidencial mencionó que organismos internacionales identifican varios factores que incrementan el riesgo de feminicidios, como la presencia de armas de fuego en los hogares, la cultura machista, el crimen organizado, el narcotráfico y los antecedentes de violencia de pareja.

Además, afirmó que muchas muertes de mujeres ocurren tras amenazas previas, separaciones o incumplimientos de órdenes de alejamiento. Por ello, consideró esencial fortalecer las políticas de prevención y protección para las víctimas de violencia.

Recomendaciones internacionales

En este sentido, García favoreció las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que sugieren reforzar el control de armas, ampliar las casas de acogida y mejorar los sistemas de protección policial y judicial.