La Fiscalía de Perú solicitó ocho años de cárcel para el ex comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, por las lesiones sufridas por dos manifestantes durante las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo entre 2022 y 2023. La solicitud fue presentada este martes por el Ministerio Público, que también acusó al coronel Frank Chang por los mismos delitos.

Zanabria ocupó el cargo de jefe de la Policía Nacional en Lima durante las manifestaciones que estallaron tras la destitución de Castillo el 7 de diciembre de 2022. Estas protestas se extendieron por dos meses, especialmente en el sur de Perú, donde el exmandatario contaba con un fuerte apoyo electoral.

En octubre de 2022, el excomandante fue acusado de homicidio calificado por la muerte de Víctor Santisteban, el primer manifestante fallecido en las protestas del 28 de enero de 2023. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos, liderada por la fiscal Yenny Huacchillo, presentó la acusación por lesiones graves a Renato Murillo y lesiones leves a Benedicto Huaccachi, en el contexto de violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones del 12 de diciembre de 2022.

Murillo sufrió un disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza que lo dejó en coma por 12 días. En este caso, el teniente Luis Bazán fue acusado de ser el autor directo y se solicitó una pena de siete años de cárcel para él, así como seis años para el mayor Luis Avila y el comandante Jorge Celadita.

Huaccachi, por su parte, recibió un disparo en la pelvis, lo que llevó a la Fiscalía a pedir tres años de prisión para el suboficial de tercera Dino Tarrillo por lesiones leves. También se solicitó una pena de dos años para el suboficial de primera Eder Tasayco y el mayor José Solari por comisión por omisión, además de una inhabilitación de tres años y ocho meses para los tres oficiales acusados.

La Fiscalía también exigió una reparación civil de 6.000 soles (aproximadamente 1.761 dólares) para cada uno de los heridos. El caso está en etapa intermedia, a la espera de que el Poder Judicial programe la audiencia para la sustentación de las imputaciones en un posible juicio.

Las protestas de 2022 y 2023 resultaron en la muerte de 50 personas y cientos de heridos debido a la represión policial, según informes de organismos civiles e internacionales. La entonces presidenta Dina Boluarte también fue acusada por estas víctimas, pero el Congreso declaró improcedente la acusación de la Fiscalía.