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Firmantes del Acuerdo de Paz temen recortes de ayudas gubernamentales

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En la granja Tíbares, ubicada a hora y media de Bogotá, excombatientes y víctimas del conflicto armado expresan su temor ante posibles recortes en las ayudas gubernamentales que son cruciales para su proceso de reintegración. Angélica Bayén Muñoz, víctima de violencia sexual, señala que tanto víctimas como firmantes se sienten amenazados por las críticas al Acuerdo de Paz de 2016 desde el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Desde su llegada a Bogotá hace una década, tras ser desplazada de los departamentos de César y Vichada, Bayén ha trabajado en la granja Tíbares, donde ha aprendido a escuchar las historias de los exguerrilleros y ha encontrado un camino hacia el perdón. Este lugar, creado en 2020, busca fomentar la paz y la reconciliación a través de proyectos agrícolas y pecuarios, integrando a firmantes y víctimas.

Impacto del Acuerdo de Paz

El Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016, puso fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia, marcando el inicio de un proceso de restauración y búsqueda de verdad. Alessandro Preti, director del área de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia, destaca que la granja Tíbares es un ejemplo de cómo los firmantes pueden ser agentes de paz junto a sus comunidades.

Luis González, quien se convirtió en guerrillero tras la ejecución de miembros de su familia, ha enfrentado amenazas y persecuciones desde que firmó el acuerdo. A pesar de sus esfuerzos por reintegrarse, ha sido desplazado en dos ocasiones por disidencias de las FARC que intentaron forzarlo a regresar a la lucha.

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, explica que el recrudecimiento del conflicto ha llevado a muchos excombatientes a convertirse nuevamente en víctimas. La falta de trabajo y los desplazamientos han dificultado su proceso de reincorporación, lo que ha generado un sentimiento de inseguridad y desconfianza.

González y Tito Cuevas, otro firmante de la granja, forman parte de los más de 8,000 beneficiarios de una renta básica, equivalente al 90% de un salario mínimo, gestionada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Aunque esta ayuda se estableció inicialmente por 24 meses, se ha extendido para asegurar la sostenibilidad del proceso de reintegración.

Mercado enfatiza la importancia de mantener el financiamiento de la ARN, recordando que los firmantes asumieron un compromiso con el Estado, no con un gobierno específico. Rolando Albeiro Acevedo, alias Octavio, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas, advierte sobre la necesidad de luchar para preservar los logros alcanzados en los últimos diez años.

A pesar de los desafíos, González y Cuevas coinciden en que la renta básica es vital para su subsistencia. Cuevas advierte que, sin esta ayuda, muchos podrían verse tentados a retomar las armas. Para ellos, la granja Tíbares simboliza la posibilidad de alcanzar la paz en Colombia, a pesar de la incertidumbre actual.

González, quien no se arrepiente de haber dejado las armas, afirma que ha encontrado en su familia una razón para seguir adelante, a pesar de las dificultades que enfrenta en su camino hacia la paz.

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