Los feminicidios en la República Dominicana han generado preocupación en el Congreso Nacional, especialmente tras el reciente caso en Alma Rosa I, Santo Domingo Este, donde una mujer fue asesinada por su expareja después de acudir a una unidad de violencia de género. Este aumento en los crímenes ha llevado a legisladoras a exigir la aprobación urgente de proyectos como la reforma integral “Déjala Ir”, que busca prevenir y erradicar estos delitos.

La diputada Dilenia Santos, impulsora de esta propuesta, destacó la necesidad de implementar medidas como el monitoreo telemático y el desarme de personas con antecedentes de violencia, ya que muchos feminicidios involucran a exparejas armadas. Santos también señaló las debilidades en el sistema de protección, mencionando el cierre de casas de acogida por limitaciones presupuestarias y la falta de asistencia legal para mujeres en riesgo.

Demandas de acción y prevención

La diputada Dorina Rodríguez enfatizó que erradicar los feminicidios requiere más que solo leyes, pidiendo una integración de toda la sociedad para abordar el problema. Por su parte, Olfany Méndez, diputada por Bahoruco, propuso declarar la violencia y los feminicidios como prioridad nacional, sugiriendo la creación de más casas de acogida en áreas donde no existen.

Méndez también instó a trabajar en la prevención y el fortalecimiento de la salud mental para abordar las causas de estos crímenes. La legisladora Selinée Méndez subrayó que la violencia afecta a todos los estratos sociales y debe ser una prioridad para el Gobierno, señalando que incluso diputadas han sido víctimas de violencia.

La diputada Juliana O’neal propuso la creación de una mesa de diálogo que incluya a todos los sectores para tomar acciones efectivas contra la violencia. O’neal advirtió que los esfuerzos actuales son insuficientes y que la violencia se ha convertido en un círculo vicioso que impacta a toda la sociedad, especialmente a los niños que son testigos de estos eventos.

Las parlamentarias coincidieron en la urgencia de reforzar las unidades de atención, garantizar respuestas rápidas ante denuncias y promover acciones preventivas desde las escuelas y las instituciones públicas para abordar esta crisis social.