Familiares de reos en Ecuador denunciaron este martes muertes de prisioneros por tuberculosis y desnutrición en diversas cárceles del país, así como la falta de atención médica y la suspensión de visitas. A pesar de estas afirmaciones, el Gobierno ha negado la existencia de epidemias en las prisiones. La denuncia fue realizada en Quito por el Comité de Familias por una Vida Digna, que representa a parientes de presos de distintas cárceles ecuatorianas.

Ana Morales, directora del Comité, afirmó que las cárceles enfrentan una situación «totalmente inhumana» y acusó al Estado de deshumanizar la vida y dignidad de los reclusos. En particular, mencionó que en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, se han reportado siete muertes por tuberculosis en los últimos días.

Condiciones de los reclusos

Estefanía Salinas, vicepresidenta nacional de la organización, expresó que los familiares viven «una condena paralela», marcada por la angustia de no saber el estado de sus seres queridos. «La privación de libertad no puede convertirse en una condena a la tortura, a la enfermedad o a la muerte», agregó.

Además de la Penitenciaría del Litoral, se han reportado restricciones a las visitas en las cárceles de Esmeraldas, Machala y la del Encuentro, lo que dificulta que los familiares conozcan el estado de salud de los reclusos. Esta falta de información ha llevado a que algunas familias se enteren meses después de la muerte de sus allegados.

Morales compartió el caso de una mujer que, tras meses de búsqueda, descubrió en una morgue que su familiar había fallecido meses atrás. «Su familiar falleció en marzo y ella se enteró en octubre», relató. También mencionó el caso de un ciudadano venezolano que se enteró el domingo pasado de la muerte de su hijo en una cárcel ecuatoriana en agosto del año pasado.

Según las denuncias, muchos de los fallecidos han sido enterrados en fosas comunes, ya que sus familias no fueron notificadas sobre sus muertes. Esta situación forma parte de la crisis de violencia que ha afectado a Ecuador en los últimos años, donde las cárceles se han convertido en centros de coordinación para actividades criminales.

Desde 2024, el Gobierno ha decretado varios estados de excepción para abordar la violencia y controlar las condiciones en las cárceles del país.