El exembajador plenipotenciario de la República Dominicana en Nicaragua, Luis José González Sánchez, apoyó la decisión del presidente Luis Abinader de detener la explotación minera en Loma Romero, en la provincia San Juan. González Sánchez considera que esta medida responde al sentir de las comunidades afectadas por la cuenca del río Yaque del Sur.
El exlegislador calificó la decisión como “sabia”, destacando que el mandatario supo escuchar a la población y actuar conforme a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agradeció en nombre de las provincias Bahoruco, San Juan, Azua, Barahona e Independencia, así como de las organizaciones que han respaldado esta causa.
Marco legal y participación comunitaria
González Sánchez explicó que, aunque la legislación no exige el rechazo de un proyecto solo por la oposición comunitaria, sí establece mecanismos que hacen vinculante la opinión de la población cuando se vulneran normas ambientales. El artículo 43 de la Ley 64-00 requiere estudios de impacto ambiental y consultas con instituciones competentes y la ciudadanía a través de audiencias públicas.
La decisión del gobierno también refleja una colaboración entre el Estado y diversos sectores sociales, incluyendo organizaciones campesinas, productores, juntas de regantes, entidades académicas, iglesias y ambientalistas que han luchado en defensa del agua, la agricultura y el territorio.
González Sánchez ofreció estas declaraciones en su rol de analista del programa “La Mañana con Darys”, que se transmite a través de una red de emisoras radiales, canales de televisión y plataformas digitales.
La empresa minera GoldQuest ha mostrado interés en explotar yacimientos de oro en Loma Romero, pero ha enfrentado la oposición de sectores sociales, especialmente en San Juan y la región suroeste. El pasado fin de semana, cientos de personas se manifestaron en rechazo a la actividad minera en las inmediaciones de la presa de Sabaneta.
El presidente Abinader anunció la paralización “inmediata” de cualquier actividad minera en el proyecto Romero, subrayando que “este Gobierno escucha” y que su deber es actuar con prudencia y transparencia ante las inquietudes de la ciudadanía.
