El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) informó que el Gobierno de Nasry Asfura, que cumplirá sus primeros 100 días el miércoles, no ha mostrado un «cambio de rumbo significativo» y continúa con un modelo caracterizado por exclusiones, desigualdades y dependencia externa.

En su informe titulado ‘A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas’, el Cespad destacó que la gestión de Asfura prioriza el pago de la deuda, el impulso de proyectos extractivos y el fortalecimiento del aparato de seguridad, dejando de lado la inversión social.

Asfura asumió la presidencia tras ganar las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en un proceso marcado por denuncias de fraude y retrasos en el escrutinio debido a fallos tecnológicos. El director del Cespad, Gustavo Irías, afirmó que no se observa un cambio significativo, sino la continuidad de un modelo que perpetúa la exclusión y la desigualdad.

Irías agregó que el Gobierno se ha limitado a «administrar la crisis» sin abordar las causas estructurales, lo que impide avances sustanciales en el país. El informe también señala la falta de una «ruta estratégica» en la agenda anticorrupción y la continuidad de prácticas de clientelismo político.

El estudio critica la agilización de licencias para proyectos extractivos sin garantizar la consulta previa a las comunidades, y advierte sobre la alarmante impunidad en crímenes contra defensores ambientales, citando casos como los de Bertha Cáceres y Juan López.

Además, el documento denuncia los «desalojos violentos» en comunidades campesinas y la promoción de megaproyectos sin participación ciudadana efectiva. También cuestiona decisiones que benefician a sectores agroexportadores sin garantizar derechos territoriales.

En el ámbito de la salud, el Cespad alerta sobre una tendencia hacia la privatización, con la contratación de servicios de clínicas privadas, en un contexto de crisis del sistema público. Irías enfatizó que no se observan avances significativos en la reducción de la mora quirúrgica ni en el aprovisionamiento de insumos en hospitales públicos.

El informe también resalta retrocesos en derechos de las mujeres, con una narrativa «conservadora y familista» que pone en riesgo la laicidad del Estado y el acceso a derechos reproductivos. La impunidad en femicidios se mantiene en un 95 %, y la eliminación de la norma que obligaba a destinar el 10 % del presupuesto a políticas de género agrava la situación.

Finalmente, el organismo sostiene que la violencia ha aumentado en el país, con un incremento en el promedio diario de homicidios y la reaparición de delitos de alto impacto, mientras la respuesta oficial sigue siendo «reactiva y militarizada». El pasado 24 de abril, Asfura pidió a los periodistas que no lo midan solo por sus primeros días, sino por los resultados en los meses restantes de su mandato.