El retiro de visas por parte de Estados Unidos a políticos de oposición y directivos de medios de comunicación en Costa Rica ha generado controversia en el país. Este proceso se ha intensificado en el último año, coincidiendo con la cercanía del presidente costarricense, Rodrigo Chaves, a la administración de Donald Trump.
Recientemente, el diario La Nación anunció que a los miembros de su junta directiva les fue retirada la visa, un hecho calificado como «inédito» en la historia reciente de Costa Rica. El periódico, que tiene 79 años de existencia, reafirmó su compromiso con el ejercicio independiente del periodismo a pesar de esta situación.
La diputada opositora y exprimera dama, Claudia Dobles, envió una carta a la presidenta electa, Laura Fernández, y al canciller, Arnoldo André, solicitando aclaraciones sobre si el Gobierno tuvo alguna injerencia en el retiro de visas. Esta inquietud refleja el clima de tensión que se vive en el país en torno a la libertad de expresión.
Organizaciones como el Colegio de Periodistas y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) han solicitado al Gobierno costarricense que pida explicaciones a Estados Unidos. En su pronunciamiento, advirtieron que si la decisión se basa en la crítica al Gobierno, sería una señal preocupante para la democracia.
El retiro de visas comenzó tras una visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero de 2025, cuando advirtió sobre sanciones a quienes colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para Estados Unidos. Entre los afectados se encuentra el Premio Nobel de la Paz y expresidente costarricense Óscar Arias, así como otros magistrados y exdiputados de oposición.
Óscar Arias criticó en redes sociales tanto a Trump como a Chaves, señalando que los costarricenses a quienes se les ha revocado la visa son aquellos que no simpatizan con el gobierno. Afirmó que ambos gobiernos tienden a silenciar a quienes critican sus políticas mediante difamaciones y calumnias.
Rodrigo Chaves, quien concluirá su mandato el próximo 8 de mayo, ha mantenido una relación cercana con la administración Trump, firmando acuerdos para recibir migrantes deportados y participar en la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ contra el narcotráfico. Durante su mandato, también enfrentó un arancel del 15 % impuesto por Trump, superior al aplicado al resto de Centroamérica.
