El presidente de la República, Luis Abinader Corona, se reunió esta semana con su equipo de gobierno para abordar la crisis económica actual, que se ha visto agravada por el aumento del precio del petróleo debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como por decisiones erróneas tomadas durante su gestión. En esta reunión, se propusieron medidas como la reducción del 50% de las asignaciones a partidos políticos, movimientos y agrupaciones, según lo estipulado en la Ley 33-18.

Este año, la Junta Central Electoral debe entregar a los partidos la suma de 1,500 millones de pesos. Con la reducción propuesta, la asignación se limitaría a 750 millones de pesos, una cifra que resulta insuficiente, considerando que el gobierno necesita alrededor de 40 mil millones de pesos para mitigar la crisis.

Para que esta medida sea efectiva, se requerirá la aprobación de una nueva ley, ya que no se puede modificar la legislación vigente mediante un decreto presidencial. Esta situación ha generado críticas, ya que la propuesta parece beneficiar principalmente al partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que no dependería de estos recursos para su campaña.

Un dirigente del PRM, el fallecido Ing. Ramón Alburquerque, había señalado que su partido recibió 500 millones de pesos para distribuir entre candidatos a senador, lo que contribuyó a su éxito electoral. Sin embargo, muchos candidatos se sorprendieron al ser electos, lo que sugiere que la financiación tuvo un impacto significativo en los resultados.

Se ha argumentado que la proliferación de partidos en el país es problemática y se sugiere que los recursos se distribuyan en función de los votos obtenidos en las elecciones. Actualmente, partidos que obtienen un porcentaje bajo de votos reciben la misma asignación que aquellos que logran un mayor respaldo.

La medida de recorte a los partidos no resolverá la crisis económica, que requiere acciones más drásticas. Se propone la recuperación de los 40 mil millones de pesos perdidos en fraudes en instituciones como el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y la persecución de la evasión fiscal, que representa un 45% del PIB, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Además, se sugiere reducir los gastos corrientes del gobierno, como nóminas y publicidad excesiva, y utilizar parte de las reservas de 15 mil millones de dólares que posee el gobierno. Estas medidas podrían generar hasta 80 mil millones de pesos para enfrentar la crisis.

La población no debe seguir asumiendo los costos de los errores del gobierno. La crisis económica tiene un alto costo político, que debe ser asumido por el gobierno.