El Gobierno de Estados Unidos ha incluido a las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), una medida que entrará en vigor el próximo 5 de junio y que tiene como objetivo aumentar la presión internacional sobre estos grupos.
El Departamento de Estado justificó esta decisión al señalar que ambas organizaciones son las más grandes de Brasil y las responsabilizó de actos violentos contra fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y civiles.
La designación se produce tras la solicitud del senador brasileño Flávio Bolsonaro al presidente estadounidense, Donald Trump, para que catalogara a estas bandas como organizaciones narcoterroristas. Bolsonaro, quien aspira a la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre, ha centrado su campaña en la lucha contra el crimen organizado.
El senador argumenta que el PCC y el Comando Vermelho cumplen con los criterios para ser considerados grupos terroristas debido a su capacidad de intimidación, operativa y su alcance tanto dentro como fuera de Brasil.
Esta decisión ha generado un intenso debate político en Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha expresado su oposición a la clasificación, argumentando que podría facilitar intervenciones extranjeras bajo el pretexto de combatir el terrorismo.
Según estimaciones de organismos de seguridad, estas organizaciones cuentan con decenas de miles de integrantes y colaboradores, además de una fuerte presencia en el sistema penitenciario brasileño y en actividades relacionadas con el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
La medida se suma a otras acciones de Washington contra grupos criminales en América Latina, incluyendo los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, que también han enfrentado sanciones y restricciones por parte de las autoridades estadounidenses.
Con esta designación, Estados Unidos busca dificultar las operaciones financieras de estas bandas, restringir sus movimientos internacionales y fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado en la región.
