La especialista en contrataciones públicas, Stephany Rosario, advirtió que la reserva del 30 % de las contrataciones estatales para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podría no beneficiar equitativamente al sector, debido a las marcadas diferencias de capacidad económica entre las empresas de esta clasificación. Rosario explicó que mientras una microempresa puede operar con una facturación anual inferior al millón de pesos, una empresa mediana puede acercarse a los RD$300 millones.
Durante una entrevista en el programa Primera Hora, por Canal 8, la especialista resaltó que una microempresa de subsistencia y una empresa mediana pueden ser Mipymes, pero no tienen el mismo acceso al crédito, capacidad financiera, personal, inventario ni posibilidad de soportar los costos de una contratación mientras esperan el pago del Estado. “No basta con saber cuánto adjudicamos a Mipymes; tenemos que saber a cuáles Mipymes les estamos adjudicando”, enfatizó.
Propuestas para mejorar la equidad
Rosario sugirió que una alternativa sería segmentar con mayor precisión los procesos de contratación según el tamaño y las condiciones de las empresas, además de diseñar lotes y requerimientos acordes con su capacidad productiva. También mencionó que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas establece que las instituciones deben entregar un 30 % de anticipo al formalizar contratos con Mipymes, sin necesidad de presentar una factura para recibirlo.
Sin embargo, cuestionó que, a pesar de esta disposición, puedan presentarse situaciones donde el proveedor tenga que comenzar a cumplir con la contratación antes de recibir los recursos. “Exigirle que financie primero la ejecución desnaturaliza completamente el beneficio”, afirmó. Rosario sugirió que la evaluación de la política debe considerar todo el proceso, desde la adjudicación hasta el momento en que se recibe el anticipo y el pago correspondiente.
Además, propuso que las instituciones publiquen de manera desagregada la información sobre las contrataciones reservadas, para conocer cuánto de esos recursos llega a micro, pequeñas y medianas empresas. Según Rosario, alcanzar el porcentaje establecido por ley no garantiza que se haya cumplido el objetivo de utilizar las compras públicas como herramienta para fortalecer el tejido empresarial.
Finalmente, la especialista destacó que las compras gubernamentales tienen el potencial de impulsar el crecimiento empresarial, generar empleos y ampliar la base productiva del país, pero este impacto depende de que las oportunidades se distribuyan considerando las diferencias existentes entre los distintos segmentos de las Mipymes.
