El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones este martes a cinco empresas cubanas vinculadas al conglomerado Gaesa, controlado por el ejército, y a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Las empresas sancionadas incluyen Almacenes Universales, Rafin, el Banco Financiero Internacional, Geominera y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero.
Según el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio, Rafin y el Banco Financiero Internacional son «instituciones financieras vinculadas con Gaesa» que manejan dinero en representación del régimen cubano. Almacenes Universales actúa como la empresa logística del conglomerado, que es considerado por el Departamento de Estado como la principal fuente de recursos del Estado cubano.
Rubio afirmó que «GAESA sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano». Desde principios de año, la presión de Washington sobre Cuba ha aumentado, en medio de una crisis económica que afecta a la isla.
Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis energética en Cuba, y ha incrementado las sanciones a empresas y figuras del régimen. El 5 de junio, el Departamento de Estado ya había sancionado al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a miembros de la familia Castro.
Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue clave en las negociaciones que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015. Con las nuevas sanciones, las empresas y personas afectadas no podrán establecer relaciones económicas con entidades estadounidenses ni acceder al sistema financiero de ese país.
Las sanciones se producen en un momento en que Gaesa ha visto disminuida su presencia en el sector turístico, con varias cadenas hoteleras internacionales reduciendo o cesando operaciones en la isla. Entre ellas, Blue Diamond y Iberostar han tomado decisiones que impactan directamente en la economía cubana.
Las dificultades económicas, junto con problemas energéticos y el endurecimiento de las sanciones, han afectado el turismo y las finanzas del país. En mayo de 2026, la Administración de Donald Trump emitió una orden que permite congelar activos de entidades vinculadas a sectores estratégicos de Cuba, lo que ha intensificado la presión sobre Gaesa.
Gaesa controla áreas clave de la economía cubana, incluyendo hoteles, comercio y servicios financieros, lo que convierte a las sanciones en un golpe directo a uno de los pilares económicos del Estado. La relevancia del conglomerado ha llevado a que las sanciones estadounidenses se enfoquen en sus entidades, consideradas fuentes importantes de ingresos para el gobierno cubano.
El deterioro de las condiciones económicas en Cuba ha llevado al gobierno a buscar reformas, incluyendo la entrada de empresas privadas en la economía. Sin embargo, la situación actual ha incrementado las dificultades para acceder a financiamiento y mantener niveles de inversión, afectando a empresas estatales y a conglomerados como Gaesa.

