El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en diez provincias y tres municipios del país, solo dieciséis días después de que expirara la anterior declaratoria de emergencia. La medida tendrá una vigencia de 60 días.

Las provincias afectadas son Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También se incluyen los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal, considerados zonas sensibles por el incremento de actividades delictivas.

El decreto otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para intervenir en los territorios afectados, con el objetivo de restablecer el orden público, fortalecer la seguridad ciudadana y combatir las estructuras criminales que operan en distintas regiones del país. Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, permitiendo a policías y militares ingresar a viviendas privadas ante indicios razonables de actividades ilícitas.

Esta decisión marca un cambio en la postura de Noboa, quien hace un mes había declarado desde Estados Unidos que no extendería el estado de excepción vigente hasta el 1 de junio. En esa ocasión, el mandatario indicó que cualquier nueva medida dependería de circunstancias extraordinarias, un escenario que se ha materializado ante el deterioro de la seguridad en varias provincias ecuatorianas.

Desde que el Gobierno declaró el “conflicto armado interno” en enero de 2024, Ecuador ha implementado sucesivos estados de excepción para enfrentar a organizaciones criminales catalogadas como grupos terroristas. Varias provincias también han estado bajo toques de queda nocturnos en distintos períodos, como parte de una estrategia para limitar la movilidad de las bandas y reducir la violencia.

A pesar de las medidas de seguridad, Ecuador enfrenta una grave crisis. El año 2025 cerró con aproximadamente 9,300 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior, convirtiéndose en el período más violento de la historia reciente del país. Las estadísticas colocan a Ecuador entre las naciones con las tasas de homicidio más elevadas de América Latina.

Los reiterados estados de excepción reflejan la complejidad de la crisis de seguridad en Ecuador. Aunque permiten una respuesta inmediata del Estado, expertos advierten que su efectividad dependerá de acciones complementarias en inteligencia, fortalecimiento institucional, control fronterizo y combate al financiamiento de las organizaciones criminales.

El nuevo decreto representa un esfuerzo del Gobierno para contener la violencia a corto plazo, pero también evidencia que el país sigue buscando soluciones estructurales para una problemática que ha transformado el panorama político, social y económico de la nación andina.