El principio de legalidad en la República Dominicana se ve desafiado por la aplicación del «dolo eventual» en el caso Jet Set, según expertos en derecho penal. Este principio establece que nadie puede ser condenado por un delito que no esté previamente definido por la ley, y su vulneración pone en riesgo la seguridad jurídica. Algunos tribunales, siguiendo la línea de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, han interpretado la ley de manera que podría desvirtuar este principio fundamental.

El Código Penal de 1884, vigente en el momento del siniestro del Jet Set, establece en su artículo 295 que «el que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio». Este artículo ha sido la base del derecho penal dominicano, que distingue entre homicidio voluntario e involuntario. El «dolo eventual» introduce una interpretación que permite condenar a alguien sin la intención directa de causar la muerte, lo que contradice la tradición jurídica que exige el animus necandi.

Defensores de esta interpretación argumentan que el derecho debe adaptarse a las nuevas realidades sociales para proteger a las víctimas. Sin embargo, interpretar la «indiferencia ante el riesgo» como equivalente a la «voluntad de matar» es un camino que puede llevar a una reforma judicial no autorizada. La Constitución prohíbe la analogía in malam partem, que amplía el alcance de una norma para perjudicar al acusado, cuando la ley es clara.

En el caso Jet Set, el tribunal ha optado por encausar a los responsables por homicidio voluntario bajo la tesis del dolo eventual, a pesar de que los hechos podrían clasificarse como imprudencia o negligencia. Esto implica que los responsables son considerados culpables por no mitigar los riesgos, transformando una culpa consciente en un delito con penas de hasta 20 años de prisión.

La indignación social ante tragedias como esta ha llevado a la judicatura a adoptar posturas que buscan corregir las deficiencias legislativas, asumiendo funciones que no le corresponden. El nuevo Código Penal dominicano, que establece penas más severas para violaciones de normas de seguridad, no puede aplicarse retroactivamente, lo que complica aún más la situación legal.

El uso del viejo código para juzgar el caso Jet Set refleja un populismo judicial que busca solucionar problemas legislativos a través de interpretaciones que afectan la seguridad jurídica. La confusión entre imprudencia y homicidio voluntario se convierte en un terreno subjetivo, influenciado por la presión pública, lo que socava la previsibilidad del sistema legal.

Finalmente, la responsabilidad de actualizar el marco legal recae en el Congreso Nacional, que ha tardado en hacerlo. En un Estado de Derecho, la justicia debe ser clara y respetar la legalidad, evitando interpretaciones que alteren el sentido de la ley y que puedan resultar en arbitrariedades institucionales.