El Poder Ejecutivo ha establecido un régimen exclusivo y confidencial para el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que incluye nóminas reservadas y la posibilidad de crear un régimen especial de seguridad social. Esta medida se enmarca en el reglamento de aplicación de la Ley 1-26, emitido el 29 de abril, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia.

El decreto 291-26 define los parámetros y mecanismos de control para las operaciones de la DNI, que contará con personal civil y miembros asignados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el artículo 23, estas instituciones deben garantizar la confidencialidad de las nóminas de los agentes que prestan servicios en la DNI.

Los funcionarios y el personal fijo de operaciones deberán trabajar bajo un régimen de dedicación exclusiva y tendrán identificación oficial restringida para asegurar su anonimato. Aquellos que provengan de cuerpos castrenses o policiales no necesitarán notificar salidas al extranjero por asuntos oficiales.

Además, la DNI podrá establecer, en coordinación con el Sistema Dominicano de Seguridad Social, un régimen especial de seguridad social. El reglamento también contempla la posibilidad de otorgar pensiones vitalicias especiales a miembros de la DNI que hayan servido al Estado por al menos 20 años y que tengan 60 años o más.

Para recibir una pensión por discapacidad, los colaboradores deberán haber trabajado al menos cinco años y demostrar su condición mediante certificaciones médicas. Las entidades de seguridad social deberán adoptar medidas para garantizar la reserva de los agentes de la DNI en sus registros.

El reglamento define el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) como la estructura encargada de coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Este sistema incluye a la DNI, unidades militares y otros organismos estatales que colaboran en labores de inteligencia.

El SNI apoyará diversas tareas de seguridad nacional, como el combate a la corrupción, la migración irregular y el terrorismo. También colaborará con entidades gubernamentales en la prevención de la corrupción administrativa y control migratorio.

La Dirección General de Migración y la DNI coordinarán la inspección migratoria y, si se detectan alertas durante este proceso, Migración deberá notificar inmediatamente a la DNI para que asuma las diligencias investigativas.

En el ámbito de la ciberseguridad, el Instituto Criptográfico Nacional será responsable de la política criptográfica y la protección de información digital sensible. El reglamento también establece la creación del Plan Anual de Inteligencia (PAI), que definirá las prioridades y estrategias de las actividades de inteligencia durante un año.