La discusión sobre la prórroga de la responsabilidad penal para empresas en el nuevo Código Penal ha generado posturas divididas entre los diputados dominicanos. Legisladores como el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Sánchez, argumentan que las empresas deben cumplir con la ley en igualdad de condiciones que otros sectores, mientras que otros, como el diputado Eugenio Cedeño, consideran necesario evaluar un plazo adicional para facilitar la adaptación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sánchez defendió que el sector empresarial ha tenido tiempo suficiente para prepararse, recordando que el Código Penal se implementó en agosto y que las disposiciones sobre responsabilidad penal corporativa fueron aplazadas. Además, minimizó la propuesta del senador Rafael Barón Duluc, que busca posponer la aplicación de estas disposiciones por dos años, hasta el 5 de noviembre de 2028.

El legislador del PRM enfatizó que nadie debe estar exento de la ley y que las empresas deben estar preparadas para cumplir con sus obligaciones legales. Por su parte, Cedeño propuso la creación de una mesa de trabajo que incluya a diversas instituciones y representantes del sector empresarial para diseñar modelos de cumplimiento que sean efectivos y menos complicados.

Sin embargo, Cedeño advirtió que cualquier prórroga debe tener justificaciones concretas y no debe ser una excusa para evadir la ley. “Cuando no hay voluntad de cumplir la ley, el tiempo es lo que menos importa”, afirmó, insistiendo en la necesidad de que las disposiciones entren en vigor lo antes posible.

El diputado Amado Díaz, vocero de la bancada oficialista, expresó su sorpresa ante las solicitudes de aplazamiento por parte del sector empresarial. Aseguró que la propuesta del Senado será tratada en la Cámara de Diputados y que se le dará la celeridad necesaria en su estudio.

El senador Dagoberto Rodríguez también se mostró a favor de evaluar mecanismos que faciliten la adaptación del sector empresarial, siempre que se garantice el cumplimiento de la ley. Aclaró que cualquier prórroga debe tener un límite, ya que las empresas eventualmente tendrán que cumplir con las obligaciones establecidas.

El diputado Alcibíades Tavárez, del partido Fuerza del Pueblo, respaldó la extensión de dos años para que las empresas se ajusten a las nuevas disposiciones, argumentando que el plazo actual es insuficiente para realizar los ajustes necesarios. Destacó la importancia del sector empresarial en la economía nacional, señalando que el 85% del Producto Interno Bruto proviene de este sector.

Las posturas de los legisladores reflejan un debate activo sobre la aplicación de las disposiciones de responsabilidad penal para las empresas. Mientras algunos abogan por el cumplimiento de los plazos establecidos, otros consideran necesario un período adicional para facilitar la implementación de mecanismos de cumplimiento interno.