El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema de EE.UU. que ordene a California apartar 20,000 boletas electorales por correo, argumentando que fueron enviadas por personas no autorizadas para votar, ya que no son ciudadanos estadounidenses.

Esta petición de emergencia del Departamento de Justicia (DOJ) se presentó un día antes de las votaciones de medio mandato en EE.UU., tras el rechazo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a los argumentos del Gobierno para bloquear las papeletas y someterlas a un examen más exhaustivo.

La semana pasada, el Gobierno Trump había sufrido dos derrotas en su intento de anular más de 20,000 votos. Tanto el panel de apelaciones como un tribunal inferior citaron la cláusula de la Constitución de EE.UU. que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.

Los jueces señalaron que si se consideran necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, esta sugerencia debería presentarse ante el Congreso, no ante los tribunales.

El Gobierno había acudido al Tribunal de Apelaciones con una petición de emergencia después de que el juez David Carter, del Distrito Central de California, determinara que la solicitud del DOJ vulneraría la autonomía del estado y pondría en riesgo el derecho al voto de los ciudadanos estadounidenses.

En su resolución, el juez advirtió que la medida podría privar a miles de electores de un derecho fundamental, basándose en acusaciones inciertas y datos que podrían contener errores.

El DOJ presentó la demanda el 15 de octubre, tras identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20,000 personas que considera posibles votantes no ciudadanos. El Gobierno solicitó que se apartaran sus papeletas y se verificara su ciudadanía antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.

Las autoridades californianas advirtieron que separar las papeletas identificadas sería complicado, ya que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, lo que podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.

La tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado con la proximidad de las elecciones. El gobernador Gavin Newsom anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado para «proteger cada voto», en respuesta a la directriz del Gobierno Trump de situar agentes federales en los centros de votación.