El informe del PNUD titulado ¿Quién paga el precio? Desigualdad de género y deuda soberana revela que el aumento del servicio de la deuda en América Latina podría provocar la pérdida de 55 millones de empleos femeninos en el corto plazo y hasta 92,5 millones a largo plazo. Además, se estima una caída del 17% en el ingreso per cápita de las mujeres, mientras que los ingresos masculinos permanecen prácticamente inalterados. Esta situación amplía la brecha de género y muestra cómo las crisis financieras afectan desproporcionadamente a las mujeres.
En México, el pago de la deuda pública ha limitado la inversión en servicios de cuidado infantil y salud, lo que obliga a las mujeres a asumir más trabajo no remunerado y reduce su participación laboral. En Argentina, la crisis de deuda y las políticas de austeridad han recortado programas sociales, impactando principalmente a mujeres en sectores de educación y salud, lo que ha aumentado la pobreza femenina. Por su parte, en Brasil, los ajustes fiscales han debilitado el sistema de salud pública, incrementando la mortalidad materna y reduciendo el acceso a servicios esenciales para las mujeres.
En Colombia, la reducción del gasto social ha afectado programas de bienestar y cuidado comunitario, trasladando la carga a los hogares, donde las mujeres asumen la mayor parte de las responsabilidades. El informe también destaca que la mortalidad materna podría aumentar un 32,5%, lo que equivale a 67 muertes adicionales por cada 100.000 nacimientos. Tanto mujeres como hombres verán reducida su expectativa de vida, reflejando la presión sobre los sistemas de salud.
La deuda como problema humano
Alexander De Croo, Administrador del PNUD, enfatiza que “la deuda soberana no es un problema matemático. Es un problema humano.” Esta afirmación resalta que los pagos de deuda no solo limitan el espacio fiscal de los gobiernos, sino que también obligan a recortar servicios sociales vitales, afectando especialmente a las mujeres. Detrás de las cifras se encuentran vidas truncadas y oportunidades perdidas, lo que representa un retroceso en derechos fundamentales.
El informe exige transformaciones profundas en la gestión de los compromisos financieros de los Estados. Se hace necesario realizar evaluaciones de impacto de género en cada decisión de endeudamiento, ya que ignorar esta dimensión perpetúa un modelo económico que no considera la desigualdad. También se requiere la implementación de presupuestos con perspectiva de género para rastrear el impacto de la deuda en los ingresos y servicios.
Urgencia de un enfoque de género
Raquel Lagunas, Directora Global de Igualdad de Género del PNUD, advierte que cuando se reduce el gasto público para atender el pago de la deuda, “son las mujeres quienes pierden primero: sus empleos, sus servicios, su seguridad económica.” Esta realidad pone de manifiesto cómo las políticas financieras reproducen desigualdades estructurales. La protección de inversiones sociales y la infraestructura de cuidado son esenciales para sostener economías resilientes.
El informe del PNUD concluye que la deuda soberana no es neutral y que profundiza las desigualdades de género, amenazando con revertir décadas de avances en desarrollo humano. La pregunta “¿Quién paga el precio?” tiene una respuesta clara: las mujeres, quienes enfrentan pérdidas de empleo, reducción de ingresos y una creciente carga de cuidados no remunerados.
La comunidad internacional se enfrenta a una disyuntiva crítica: abandonar las políticas de austeridad que agravan la desigualdad o aceptar un futuro de retrocesos en equidad y democracia. Apostar por estrategias de deuda que prioricen el empleo y la igualdad de género es indispensable para evitar un retroceso histórico en América Latina y el mundo.
