La defensa del ex Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, cuestionó en la audiencia preliminar del caso Calamar, realizada el 29 de enero de 2026, la validez del proceso penal en su contra, argumentando que carece de pruebas suficientes y se basa en estrategias comunicacionales que buscan perjudicar su reputación. La defensa sostiene que el Ministerio Público ha presentado un cúmulo de documentos sin valor probatorio real, lo que pone en riesgo el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
Durante la audiencia, se destacó que en un Estado Social y Democrático de Derecho, no es suficiente acumular documentos para sostener una acusación penal. La defensa enfatizó que la etapa preliminar exige pruebas rigurosas y pertinentes, obtenidas de manera lícita y que estén directamente vinculadas a los hechos imputados.
Cuestionamientos a las pruebas presentadas
Se citó al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien advirtió que aceptar documentos sin valor probatorio real coloca a los ciudadanos en un estado de indefensión. La defensa también cuestionó la falta de pruebas concretas para sostener la acusación de estafa al Estado contra Peralta, señalando que el Ministerio Público no ha presentado evidencia que demuestre su culpabilidad.
La defensa recordó el caso Antipulpo, donde trece personas fueron enviadas a juicio y, años después, fueron descargadas por insuficiencia probatoria, lo que subraya la importancia de que los jueces actúen como un filtro ante imputaciones débiles. Se argumentó que cuando se flexibilizan los estándares probatorios, el daño reputacional ya está hecho antes de una posible absolución.
En la audiencia, se mencionó que el Ministerio Público afirma contar con más de 2,000 pruebas en el caso Calamar, pero en realidad solo hay 1,691 documentos en el expediente, de los cuales solo 134 están relacionados con Peralta. La defensa insistió en que un documento solo tiene valor probatorio si cumple con los estándares de legalidad y pertinencia.
Además, se identificaron documentos en inglés sin traducción y otros que no tienen relación con Peralta, así como evidencias que intentan probar hechos ocurridos mucho antes de las imputaciones actuales. La defensa argumentó que muchos de estos documentos son irrelevantes y no demuestran la ocurrencia de los hechos investigados.
Dimensión política del caso
Se denunció que desde 2021, el Ministerio Público ha investigado exhaustivamente la vida de Peralta sin encontrar evidencia incriminatoria, lo que contradice sus afirmaciones. La defensa cuestionó la objetividad del Ministerio Público, que basa su acusación en declaraciones de testigos con antecedentes cuestionables.
Finalmente, se destacó que el proceso tiene una evidente dimensión política y que el debate debe centrarse en la legalidad y las pruebas, no en fabricar culpables ni satisfacer expectativas mediáticas. La defensa concluyó que el objetivo debe ser imputar solo a quienes realmente hayan cometido un delito, con pruebas reales y suficientes.
