El proyecto de extracción de sedimentos en la cola de la presa de Hatillo ha sido detenido debido a irregularidades en los contratos firmados por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), que comprometen la extracción de 1,330,694 metros cúbicos, una cifra 13 veces superior a la autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente. La suspensión fue solicitada tras detectar inconsistencias entre los volúmenes permitidos y las cantidades estipuladas en los contratos, firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Según la Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo, el permiso otorgado (VSA09-26-00039) solo autoriza la remoción de 100,000 metros cúbicos de sedimento en un plazo de seis meses. El titular de la entidad política, Paino Abreu Collado, destacó que la explotación comercial de la grava y arena podría generar beneficios netos cercanos a los RD$1,000 millones tras descontar costos operativos y de transporte.
Abreu también cuestionó la falta de un esquema competitivo y transparente que asegure que el Estado obtenga una mayor parte de esos ingresos, o que se destinen recursos a la restauración de la cuenca del río Yuna. Ante esta disparidad en las cifras, la organización ha solicitado al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y al Ministerio de Medio Ambiente llevar a cabo una revisión técnica y jurídica urgente.
Asimismo, instó a EGEHID a paralizar la extracción, acarreo y entrega de materiales hasta que una comisión evaluadora emita un informe y se aclare por qué la obra no fue clasificada como de mayor impacto ambiental (Categoría A), según la Resolución 0025-2024. Este reclamo incluye peticiones formales a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y a la Dirección General de Contrataciones Públicas para investigar posibles infracciones a la Ley 64-00.
La organización también ha solicitado auditar la licitación EGEHID-CCC-LPN-2025-0015 y verificar el destino de los recursos generados. Por último, demandó la creación de una veeduría ciudadana que incluya representación comunitaria, académica y eclesial de Monseñor Nouel y La Vega, apoyando la solicitud de acceso a los estudios de impacto ambiental, contratos y registros de consultas comunitarias.
