La democracia en la República Dominicana es considerada por algunos como una de las más costosas e injustas del mundo, ya que favorece a un pequeño grupo y perjudica a la mayoría, generando un notable desbalance social. Según críticos, los sectores más adinerados, incluidos empresarios y comerciantes, evaden impuestos y reciben subsidios que superan los 400 mil millones de pesos anuales, mientras que los políticos se benefician del presupuesto nacional asignado por la Junta Central Electoral.

Se argumenta que este sistema, que se autodenomina democracia, presenta serias fallas, ya que aunque la economía crece cada año, los beneficios no se distribuyen equitativamente. La situación es alarmante, con más de 26 mil personas privadas de libertad, de las cuales más del 90% provienen de sectores de escasos recursos, muchos de ellos en condiciones precarias y sin acceso a asistencia legal adecuada.

Las cárceles, según los críticos, se han convertido en «cementerios de hombres vivos», donde los detenidos enfrentan condiciones inhumanas. Esta realidad se ve acompañada por la percepción de que muchos pobres creen que su situación económica es un destino inevitable, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y desesperanza.

La crítica también se extiende a las instituciones de seguridad, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son vistas como herramientas para mantener el orden en beneficio de la oligarquía. Se sostiene que sin estas instituciones, el sistema actual no podría sostenerse ni un día.

La justicia, según los detractores, está diseñada para proteger los intereses de la élite, con un sistema judicial que incluye a militares, abogados, fiscales y jueces, todos alineados para perpetuar las injusticias. Esta crítica se apoya en las teorías del profesor Juan Bosch, quien en su obra analiza la naturaleza de clase del sistema judicial y militar en las democracias occidentales.

El filósofo Friedrich Engels también es citado, afirmando que mientras exista el Estado, no habrá verdadera libertad. La crítica se centra en que el Estado, con su estructura económica, judicial y mediática, responde a los intereses de una clase dominante, lo que limita la posibilidad de una democracia justa y equitativa.