Los abogados de varios imputados en la Operación XL-526, que investiga una supuesta estructura criminal dedicada a extorsionar a residentes en Estados Unidos, solicitaron al tribunal anular la medida de coerción impuesta por el Ministerio Público, alegando violaciones a los derechos fundamentales de los acusados durante su arresto.

La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, donde la jueza Yiberty Polanco decidió aplazar el conocimiento de la medida coercitiva hasta el lunes 15 de junio.

El abogado Miguel Díaz, quien representa a uno de los procesados, explicó que la defensa presentó un pedimento de carácter constitucional, denunciando irregularidades en el proceso de arresto. Entre las violaciones señaladas se encuentran la forma en que se realizaron los arrestos, el tiempo que los detenidos permanecieron incomunicados y el retraso en ser presentados ante un juez.

Díaz afirmó que algunos de los detenidos estuvieron recluidos en la Fortaleza Fernando Valerio sin posibilidad de comunicarse con familiares o abogados, y que el primer contacto con sus representantes legales ocurrió varios días después de las detenciones.

El abogado Elvin Domínguez, quien representa a cinco de los diez imputados, también respaldó el incidente constitucional, señalando que a los arrestados se les impidió acceder a asistencia legal inmediata, lo que constituye un derecho fundamental desde el momento de la detención.

Domínguez añadió que se restringió la comunicación con sus familiares y el derecho a realizar llamadas telefónicas. Además, cuestionó los traslados de los detenidos a la Fortaleza Fernando Valerio y al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, indicando que los abogados no pudieron reunirse con sus clientes hasta aproximadamente 72 horas después de las detenciones.

La defensa también argumentó que requería más tiempo para analizar las pruebas del expediente, que contiene más de mil páginas, así como evidencias audiovisuales, documentales y testimoniales relacionadas con el caso.

El Ministerio Público ha solicitado 12 meses de prisión preventiva para los diez imputados, quienes enfrentan cargos por extorsión, delitos electrónicos y lavado de activos. La jueza fijó la continuación de la audiencia para el próximo lunes, donde se abordarán los incidentes y recursos planteados por las defensas antes de decidir sobre la medida de coerción.