La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, afirmó que cualquier apelación contra el descargo del exfuncionario carecerá de fundamento jurídico, tras el fallo del pasado viernes que desestimó la acusación de presunta corrupción. En el mismo fallo, la jueza Altagracia Ramírez envió a juicio de fondo a más de veinte imputados, entre ellos al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al abogado Ángel Lockward.
Los abogados de Castillo sostuvieron que la decisión judicial confirma sus argumentos de que el exministro «no debió nunca ser imputado». También se refirieron a las «debilidades estructurales del expediente» que llevaron a la jueza a rechazar la acusación contra otros exfuncionarios, incluyendo al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
La magistrada Ramírez determinó que existían suficientes elementos de prueba para justificar la apertura de juicio contra más de veinte imputados y diez empresas, quienes supuestamente desarrollaron una red que utilizó recursos del Estado para realizar pagos irregulares y financiar actividades políticas, causando un perjuicio económico estimado en miles de millones de pesos.
Entre los acusados se encuentra el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo, y el exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, quienes enfrentan cargos de fraude y corrupción. El Ministerio Público, liderado por Wilson Camacho, anunció su intención de apelar el descargo a favor de los exministros y otros imputados.
La acusación sostiene que los imputados gestionaron expropiaciones y acuerdos de pago de manera irregular para beneficiar a determinadas personas. Se alega que el exministro de Hacienda participó en delitos de soborno y desfalco, facilitando el pago de más de 41 mil millones de pesos de los fondos públicos.
La organización Participación Ciudadana expresó su interés en el avance del proceso judicial y anunció que elaborará un informe especial sobre el caso, que involucra la mayor cantidad de dinero supuestamente sustraído a los contribuyentes en los últimos cinco años. La sentencia, que tiene más de 3,000 páginas, está siendo analizada por los abogados de los imputados.
Gonzalo Castillo, quien fue candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en 2020, expresó su intención de seguir adelante en la política tras el fallo. La jueza Ramírez, con 12 años de experiencia en su cargo, ha sido el centro de atención en este caso que ha captado el interés público por su magnitud y las implicaciones legales que conlleva.
