El abogado Francisco Consoró, representante legal de dos de los imputados en la Operación Onco14, cuestionó que el Ministerio Público solo haya acusado a dos de los nueve miembros del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Consoró considera que esta decisión es selectiva, ya que el organismo está compuesto por más integrantes.

El jurista destacó que solo se han incluido en la acusación al ingeniero Lora y a otra persona, lo que genera dudas sobre la imparcialidad del proceso. Además, criticó la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), argumentando que el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) no es una institución pública.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la audiencia del caso, donde se investigan presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a tratamientos oncológicos. La audiencia fue aplazada para el próximo jueves 25 de junio, a las 4:30 de la tarde.

El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra tres imputados, a quienes vincula a una presunta estructura fraudulenta que habría operado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Según la acusación, los encartados habrían utilizado el IORC para sustraer fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Se solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo directivo del Patronato, su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Además, el órgano acusador pide que el caso sea declarado complejo debido a la pluralidad de imputados y la gravedad de los hechos.

La exvicepresidenta del Patronato, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, estaría colaborando con el Ministerio Público en la investigación. Su abogado, Ricardo Reina, indicó que la imputada ha mostrado disposición para colaborar con las autoridades durante el proceso judicial.

Pese a los cargos en su contra, el abogado de Vargas Sánchez anunció que solicitará al tribunal la imposición de prisión domiciliaria para su cliente. La situación legal de los imputados sigue en desarrollo mientras se espera la próxima audiencia.