El Decreto 309-26, firmado el pasado seis de mayo, busca transformar la educación en la República Dominicana al integrar los distintos niveles educativos y áreas de conocimiento bajo una misma visión. Esta iniciativa crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, que deberá presentar un anteproyecto de ley de educación integral en un plazo de seis meses. La comisión estará compuesta por los ministros de Educación, Educación Superior y Administración Pública, así como la directora del INFOTEP.

El decreto no solo se limita a un ajuste institucional, sino que también propone un enfoque holístico en el aprendizaje, eliminando las fronteras administrativas que han separado la educación inicial, básica, media, técnico-profesional y superior. La intención es que todos los niveles educativos dialoguen y se reconozcan mutuamente, promoviendo un sistema donde el bachillerato y la educación técnica se vean como parte de un continuo educativo.

Consulta Nacional para el Futuro de la Educación

Un aspecto relevante del decreto es la creación de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, que busca involucrar a diversos sectores en el proceso educativo. Sin embargo, existe el riesgo de que esta consulta se convierta en un mero trámite si no se implementa con una metodología adecuada y un sistema de rendición de cuentas. Para que las voces de los educadores y estudiantes se escuchen de manera efectiva, es crucial que sus aportes se reflejen en el texto final de la nueva ley.

El tiempo otorgado para diseñar un nuevo marco legal es limitado, ya que seis meses son insuficientes para reformar un sistema que ha operado de manera fragmentada durante décadas. Las leyes anteriores, como la Ley 66-97 y la Ley 139-01, poseen características distintas que deben ser consideradas en el proceso de integración. La autonomía universitaria, un derecho constitucional, no puede ser tratada como un aspecto secundario en esta reforma.

La composición del Comité Consultivo, que se encargará de asesorar en la creación de la nueva ley, es fundamental. Este comité debe incluir a expertos de diversas áreas educativas, sin sesgos partidistas, para asegurar que la reforma sea verdaderamente representativa de la inteligencia educativa del país. La participación activa de rectores, investigadores y maestros es esencial para el éxito de esta iniciativa.

En esencia, el Decreto 309-26 inicia una conversación nacional sobre el tipo de ciudadano que la República Dominicana desea formar. La educación no puede seguir siendo un conjunto de esfuerzos aislados; debe funcionar como un sistema cohesivo donde cada nivel educativo contribuya al desarrollo integral del estudiante. Si la Comisión Ejecutiva asume este reto con seriedad, el decreto podría marcar el inicio de un cambio significativo en la educación dominicana.