La República Dominicana enfrenta una contradicción alarmante entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el deterioro de sus entornos urbanos y servicios básicos. A pesar de los discursos oficiales que destacan cifras positivas, la realidad muestra calles en mal estado y hogares afectados por la precariedad en servicios esenciales como agua y electricidad. Esta situación refleja una crisis estructural que el Estado ha pospuesto abordar, afectando a la población más vulnerable.

La normalización del deterioro por parte de los ciudadanos es preocupante, así como la falta de ética de quienes gestionan lo público. Muchos dominicanos han llegado a aceptar como «normal» el colapso estético y operativo de sus ciudades, lo que en otras sociedades sería motivo de escándalo.

Las calles dominicanas presentan un exceso de capas de asfalto, donde se colocan nuevas capas sin retirar las viejas, creando una masa antiestética que eleva el nivel de las vías y entierra contenes y aceras. Esta práctica refleja una mediocridad que debería avergonzar a los ingenieros responsables de tales obras.

La deficiencia en el suministro de servicios básicos se ha trasladado a los hogares, donde la falta de energía eléctrica y la irregularidad en la recogida de basura son comunes. La incapacidad del Estado para proveer agua potable de manera continua obliga a las familias a racionar el suministro, recibiendo agua solo tres veces a la semana.

Este sistema de racionamiento ha llevado a la construcción de costosas cisternas y tinacos, evidenciando un fracaso institucional. Mientras las clases media y alta pueden financiar estas soluciones, los sectores vulnerables enfrentan una dura realidad sin acceso a agua potable adecuada.

Las familias de escasos recursos deben hacer malabares para obtener agua, que a menudo no es apta para el consumo. En un país que presume de crecimiento económico, el Estado ha fallado en garantizar derechos fundamentales a sus ciudadanos más desprotegidos.

Aunque las grandes obras de infraestructura son importantes, la urgencia de proyectos suntuosos se desvanece ante las deficiencias que afectan la vida diaria. La priorización del gasto público parece más enfocada en lo que se puede inaugurar que en la dignidad de los servicios básicos.

El verdadero desarrollo no se mide por la altura de los edificios, sino por la calidad de vida de sus ciudadanos. La sociedad dominicana debe despertar y exigir cambios reales a las autoridades para avanzar hacia un futuro más digno.

Un país no puede considerarse próspero si su población vive esquivando cráteres urbanos y lucha por acceder a agua limpia, mientras los funcionarios celebran cifras macroeconómicas que no reflejan la realidad de sus ciudadanos.