En Puerto Rico, cuatro organizaciones han lanzado una campaña llamada “migrar es un derecho” para defender los derechos de los dominicanos inmigrantes, tras la reciente cacería de indocumentados impulsada por el gobierno de Estados Unidos. La gobernadora de la isla, quien había mostrado apoyo a la comunidad dominicana, es criticada por haber proporcionado información sobre ellos a la administración de Trump, lo que ha llevado a un aumento en las redadas de inmigración.

Las instituciones Kilómetro Zero, Comuna Caribe, Amnistía Internacional y el Comité Americano de los Derechos Civiles han organizado múltiples marchas y protestas frente a la oficina de la gobernadora y el gobierno federal. Estas acciones buscan visibilizar la traición que sienten muchos dominicanos ante la situación actual y la persecución que enfrentan.

Además de las marchas, las organizaciones están movilizando a las comunidades donde residen los dominicanos para que se alerten sobre la llegada de agentes de la ICE (Inmigration and Custom Service). Los vecinos están formando barreras humanas para impedir que los agentes accedan a las casas, permitiendo así que los inmigrantes puedan escapar de las redadas.

Las acciones de los puertorriqueños son vistas como un ejemplo de solidaridad y humanidad en un contexto donde los abusos de las autoridades dominicanas han sido denunciados a nivel internacional. Se mencionan casos de asaltos a viviendas, robos y asesinatos de personas desarmadas, lo que ha generado un sentimiento de vergüenza en la comunidad.

Asimismo, se critica la actual campaña de “limpieza social” llevada a cabo por la policía dominicana, que ha resultado en la muerte de jóvenes en circunstancias cuestionables. Se plantea la necesidad de que los vecinos se organicen no solo para defenderse, sino también para entregar a los delincuentes a las autoridades, evitando así la violencia desmedida.

A pesar de la gravedad de la situación, el Episcopado, el Cardenal y las iglesias evangélicas no han tomado una postura pública, a pesar de que la fe prohíbe el asesinato. Se les insta a orientar y organizar a las comunidades para asegurar que la policía actúe de manera correcta y justa.