La Corte Suprema de EE.UU. respaldó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump en su autoridad para deportar a inmigrantes con residencia permanente, en un fallo de seis votos a favor y tres en contra. El caso se centra en la demanda de Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo su estatus de residente permanente en 2007 y fue puesto en proceso de deportación tras ser acusado de falsificación de ropa en 2012.

Lau salió temporalmente de EE.UU. antes de ser juzgado, pero al regresar no fue admitido como residente permanente y se le permitió ingresar bajo libertad condicional debido a la acusación. Posteriormente, tras declararse culpable del cargo, el Gobierno inició un procedimiento de expulsión, ya que Lau estaba bajo libertad condicional.

En su demanda, Lau argumentó que el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lo clasificó excedió su autoridad, ya que solo enfrentaba una acusación y no una condena en ese momento. Sin embargo, el juez del Supremo Clarence Thomas dictaminó que los funcionarios fronterizos no tenían la obligación de demostrar, con pruebas claras y convincentes, que Lau había cometido un delito que implicara la pérdida de su residencia.

El fallo destaca que el Gobierno presentó pruebas claras y convincentes de que Lau se encontraba dentro de la excepción aplicable a los residentes permanentes sujetos a expulsión por condenas relacionadas con delitos de depravación moral. Esto refuerza la capacidad del Gobierno para actuar en casos de inmigrantes con antecedentes penales.

La jueza Ketanji Brown Jackson, en su voto disidente, expresó su preocupación por el impacto del fallo, advirtiendo que podría otorgar al Gobierno «un cheque en blanco de gran alcance» para retirar la residencia permanente a inmigrantes. Este tipo de decisiones refuerzan el enfoque del Gobierno en la política migratoria.

Además, este martes, el Gobierno de Trump obtuvo otra victoria en política migratoria, ya que un tribunal de apelaciones le permitió extender las deportaciones aceleradas a nivel nacional, las cuales se aplican generalmente a inmigrantes detenidos en la frontera sur.