La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo aplazó para el próximo 23 de noviembre el conocimiento de un recurso de apelación interpuesto por César Miguel Trinidad, condenado a 20 años de prisión por presunto abuso sexual. El aplazamiento fue decidido por los jueces Darío Gómez, presidente del tribunal, y los magistrados Máximo Santiler y Julia Morfa, para que el imputado sea trasladado a la corte y se pueda conocer el fondo del recurso y la revisión de la medida de coerción.

La defensa de Trinidad, liderada por el doctor Manuel García y el licenciado Andrés Abrincole García, argumenta que el proceso judicial se basó en un documento supuestamente falsificado y que la acción penal había prescrito antes de que se iniciara el procesamiento. García expresó su confianza en que su defendido será favorecido por los jueces, al considerar que existen irregularidades que afectan la validez del proceso.

Según los abogados, el documento cuestionado fue enviado el 25 de julio de 2022 al entonces fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, y posteriormente presentado al tribunal por Berta Mabel Soto, querellante en el caso. El recurso fue interpuesto contra la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que condenó a Trinidad a 20 años de prisión y a pagar una indemnización de un millón de pesos.

Los representantes legales sostienen que los hechos imputados ocurrieron entre los años 2000 y 2002, mientras que la denuncia fue presentada en 2024 y el procesamiento judicial se llevó a cabo en 2026. Argumentan que, debido al tiempo transcurrido, la acción penal habría prescrito, ya que en la época de los hechos estaba vigente el Código de Procedimiento Criminal, que establecía un plazo de 10 años para la prescripción de los crímenes.

La defensa también cuestiona la autenticidad de un documento atribuido al Programa de Apoyo a la Investigación y Verificación de Denuncia de Abusos Sexuales a Menores de Edad, que se utilizó como prueba durante el proceso. Mediante el recurso, los abogados solicitan anular la Sentencia Penal núm. 54804-2026-SSEN-00161, dictada el 13 de mayo de 2026, declarar la extinción de la acción penal por prescripción y ordenar la libertad inmediata de su representado, así como el cese de las medidas de coerción y el archivo definitivo del expediente.

De manera subsidiaria, solicitan revocar o anular la sentencia condenatoria en caso de que la corte no acepte el planteamiento de prescripción. La situación sigue generando atención en el ámbito judicial y social del país.