Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que el programa Familias de Cariño, destinado a atender a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, incluyó en 2024 a al menos 15 servidores públicos que percibían salarios de hasta 200,000 pesos mensuales de otras instituciones estatales. Esta irregularidad fue detectada en un informe correspondiente al período de septiembre de 2020 a diciembre de 2024, que también identificó pagos por RD$162.2 millones sin la documentación adecuada.

El informe señala que de los 15 servidores, 12 estaban registrados como cuidadores de adultos mayores y recibían entre 30,000 y 155,000 pesos mensuales de otras entidades. Los auditores encontraron que estos cuidadores recibían un total de 170,000 pesos mensuales del programa, con 11 de ellos ganando 15,000 pesos y uno 5,000 pesos.

Además, se identificó que tres personas registradas como envejecientes beneficiarios del programa también tenían remuneraciones de hasta 200,000 pesos en otras instituciones. La Contraloría advirtió que esta situación podría generar duplicidad de beneficios y un aumento en el gasto público.

La auditoría revisó los desembolsos del programa, que totalizaron 54,395,000 pesos en 2024, y encontró que muchos expedientes carecían de documentos que establecieran los requisitos necesarios para la inclusión de los beneficiarios. También se detectó la falta de informes médicos y contratos entre el Conape, los adultos mayores y sus cuidadores.

Entre las deficiencias halladas, se mencionó la ausencia de comunicaciones solicitando la inclusión de beneficiarios y la falta de documentación esencial de los cuidadores. La Contraloría alertó sobre posibles incumplimientos de la Constitución y leyes relacionadas con la función pública y el control interno.

El Conape presentó un plan de acción a la Contraloría, pero no se justificó la inclusión de los 15 servidores en el programa ni se confirmaron correcciones totales. La Contraloría clasificó el hallazgo como «en proceso de subsanación».

Asimismo, se identificaron 35 operaciones de pago por un monto total de 162,239,154.94 pesos sin la documentación de respaldo necesaria. Esto dificultó la verificación de los desembolsos y se recomendó fortalecer los controles para garantizar la correcta documentación de los pagos.

En cuanto al personal del Conape, se encontraron deficiencias en los expedientes de 1,345 empleados, con una muestra de 114 expedientes que carecían de documentos esenciales para la contratación. La auditoría recomendó completar y actualizar estos archivos.

Finalmente, se detectó que 15 de los 42 vehículos del Conape no estaban debidamente rotulados, lo que contraviene las normas de identificación de bienes del Estado. La auditoría también señaló que la institución no presentó el título de propiedad de su sede, lo que representa un incumplimiento de las disposiciones sobre control de bienes inmuebles.