La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 aprobó un protocolo para el pago a contratistas del Estado durante su primera sesión de trabajo, cumpliendo así con el mandato de la legislación que regula estas transacciones. La reunión se llevó a cabo en Santo Domingo y estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, junto a otros miembros clave del gobierno.

La comisión, que incluye al contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, y al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, entre otros, tomó decisiones fundamentales para establecer un marco operativo que facilite el reconocimiento y pago de las deudas del Estado a los contratistas que cumplan con los requisitos establecidos. Este protocolo busca garantizar la transparencia en el proceso.

Detalles del Protocolo

El protocolo aprobado define los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán la revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, los cuales serán de acceso público. Esto representa un avance significativo en la ejecución de la Ley 16-26, al proporcionar reglas claras y ágiles que aseguran la seguridad jurídica de las acciones administrativas.

Además, la comisión se comprometió a remitir el protocolo a los veedores y a todas las instituciones involucradas para asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, así como la supervisión y rendición de cuentas necesarias. Este enfoque busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública.

La comisión enfatizó su objetivo prioritario de avanzar rápidamente en la implementación efectiva de la ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas para iniciar el proceso de pago de las deudas reconocidas. Este esfuerzo es clave para honrar los compromisos del Estado con los contratistas.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones que la integran y los órganos de control, así como con los representantes de la sociedad civil que actúan como veedores. Esto es esencial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

La Ley 16-26 impacta a contratistas de diversas entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), entre otros. Esto subraya la importancia de la legislación en el ámbito de la contratación pública en el país.