BOGOTÁ.- A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 36 % de los municipios del país presentan alertas por la actividad de grupos armados ilegales, según advirtió este miércoles la Defensoría del Pueblo.
En su informe titulado ‘10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios’, el organismo independiente destacó un contexto de violencia «muy desafiante». Se identificó la presencia de cinco disidencias de las FARC en 372 de los 1.103 municipios de Colombia, mientras que el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, está activo en 468 municipios.
Desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 521 excombatientes. Además, entre enero de 2016 y junio de este año se registraron 1.743 homicidios de defensores de derechos humanos.
La Defensoría subrayó que la persistencia de la violencia armada es uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo Final. Las comunidades en diversas regiones enfrentan amenazas, restricciones a su movilidad, desplazamientos forzados y ataques a líderes sociales.
Las cifras del organismo indican que las víctimas de desplazamientos masivos aumentaron de 12,841 en 2017 a 107,924 en 2025, mientras que los confinamientos pasaron de 18,603 a 128,825. Estos fenómenos afectan la participación comunitaria y debilitan los procesos organizativos.
El informe también señala que 10,943 personas están vinculadas al proceso de reincorporación, lo que representa el 76 % de los exmiembros de las FARC que se desmovilizaron en 2016. Se han registrado avances en educación, salud y proyectos productivos, con cerca de 7,000 personas firmantes que han completado el bachillerato y el 99 % afiliados al sistema de salud.
A pesar de estos avances, la Defensoría enfatiza que la seguridad sigue siendo un gran desafío, dado el alto número de asesinatos de excombatientes. Además, el 86 % de los firmantes de paz vive fuera de los antiguos espacios territoriales, lo que complica la prestación de servicios y la implementación de medidas de protección.
El informe hace un llamado al Gobierno para asegurar la continuidad del proceso de reincorporación hasta 2031, resaltando que el cumplimiento del Acuerdo requiere continuidad institucional y financiación. La Defensoría concluyó que los cambios de Gobierno no deben interrumpir los procesos ni debilitar los avances logrados.
