En las últimas semanas, ha surgido en el debate público la idea de que los comercios y empresarios de capital chino incumplen la ley de manera sistemática. Esto se ha visto reflejado en los titulares sobre tiendas cerradas por el Ministerio de Trabajo y Pro Consumidor, así como en el cierre de una fábrica de cartón en San Antonio de Guerra, respaldado por altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este contexto ha alimentado la narrativa de una “amenaza a la competencia justa” que algunos sectores han promovido.
Un análisis reciente contrasta esta narrativa con las estadísticas oficiales del Estado dominicano, sugiriendo que los datos no respaldan la existencia de un patrón de incumplimiento específico del capital asiático. En cambio, se argumenta que la situación revela una estigmatización que busca moldear la opinión pública.
Falta de datos específicos
El sistema de estadísticas del Ministerio de Trabajo no registra la nacionalidad ni el país de origen del capital de las empresas inspeccionadas, limitándose a clasificar por región, municipio y rama de actividad económica. Esto plantea una pregunta tanto metodológica como política: si la estadística oficial no distingue el origen del capital, ¿de dónde proviene el titular sobre “tiendas de inversionistas chinos”?
Este tipo de señalamientos no se hace con el 96.5% de los comercios inspeccionados en el país, lo que sugiere una práctica de singularización selectiva que construye una categoría no contemplada por los datos oficiales. Entre enero y septiembre de 2026, se levantaron en el país 30,998 actas de inspección laboral, de las cuales un operativo de ocho días en 101 tiendas de capital chino generó 1,016 actas.
Los apercibimientos, que son avisos preventivos para regularizar trámites o faltas menores, reflejan que las 42 infracciones formales del operativo representan apenas el 1.51% de las infracciones graves en el país hasta la fecha. El 98.49% restante corresponde a empresas de capital local o de otros orígenes.
Problemas estructurales
Las faltas señaladas no son exclusivas de los comercios chinos, sino que son manifestaciones de problemas estructurales de informalidad que afectan a todo el tejido productivo y comercial dominicano. Por ejemplo, la fábrica de cartón Cartesa fue intervenida por carecer de certificado de uso de suelo y por almacenar combustible sin los permisos correspondientes, lo que fue utilizado por la diplomacia estadounidense como prueba de una “ilegalidad endémica china”.
Sin embargo, los registros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y del Ministerio de Vivienda muestran que cada mes se clausuran naves industriales y depósitos clandestinos de gasoil de capital dominicano y de otras nacionalidades. En estos casos, las autoridades no atribuyen la falta técnica a la nacionalidad del propietario, lo que plantea interrogantes sobre por qué la ausencia de un permiso se convierte en un asunto de seguridad nacional solo cuando el inversionista es chino.
Los operativos de Pro Consumidor también reflejan este patrón. Las sanciones por falta de etiquetado o de registros sanitarios en comercios chinos reciben una cobertura amplificada, mientras que los decomisos en supermercados y colmados de capital local se tratan como trámites de rutina, sin estigmatización étnica. Esta asimetría en la cobertura alimenta la percepción de que existe un problema exclusivo de un grupo.
Desde el CENDOESCH, se respalda la fiscalización laboral, tributaria y sanitaria a cualquier empresa que opere en el país, sin importar el origen de su capital. Sin embargo, es éticamente inaceptable utilizar el aparato de comunicación del Estado para crear un chivo expiatorio, distorsionando la realidad estadística y vulnerando el principio de igualdad ante la ley.
