El Congreso de Colombia aprobó una ley que incentiva a los criminales a entregarse a la justicia, impulsada por el gobierno del derechista Abelardo de la Espriella. Esta normativa busca combatir a los grupos armados que generan terror en el país, permitiendo que los miembros de estas organizaciones que se entreguen y colaboren con las autoridades reciban reducciones en sus penas.

Con esta ley, los criminales serán procesados por la justicia común, lo que marca un cambio significativo respecto a la política de paz promovida por el anterior gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Petro intentó negociar el desarme de los grupos ilegales a través del diálogo, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito.

Condiciones para acceder a beneficios

La nueva legislación establece que para acceder a los beneficios, los delincuentes deben cumplir con ciertas condiciones, como proporcionar información, ayudar en el desmantelamiento de sus grupos, entregar armas y bienes, además de cumplir con una pena mínima de cárcel en algunos casos. Sin embargo, aquellos responsables de reclutar menores no podrán beneficiarse de estas medidas.

El reclutamiento de menores es una práctica común entre los grupos armados en Colombia y representa uno de los crímenes más visibles de la prolongada degradación del conflicto armado en el país. La política de mano dura del gobierno actual busca desmantelar estas estructuras criminales, que se financian principalmente a través del narcotráfico y la minería ilegal.

La ley será sancionada este miércoles por el presidente, lo que permitirá su entrada en vigor de inmediato. Esta decisión refleja un cambio en la estrategia del gobierno para enfrentar la violencia y el crimen organizado en Colombia.