El Colegio de Abogados de la República Dominicana enfrenta críticas por su falta de ética profesional, evidenciada en casos recientes de litigación temeraria. Abogados como las Dras. Lilia María Fernández León y Mariel María León Lebrón, así como el Dr. Joel del Rosario Albuquerque, han sido condenados injustamente, lo que pone en tela de juicio la integridad del gremio. La situación se agrava con el caso del Dr. Lucas Evangelista Mejía Ramírez, quien fue declarado litigante temerario por la Jueza Patricia Padilla Rosario el 18 de marzo de 2025.

La resolución judicial condenó al Dr. Mejía Ramírez y a su representado, Moreno Santana, a pagar una multa equivalente a 15 días de salario de un juez de primera instancia. Además, se les prohibió postular en cualquier tribunal hasta que la multa fuera pagada. Esta decisión fue notificada al Colegio de Abogados para que se registrara en el Libro Registro de Sanciones, de acuerdo con la Ley 3-19.

Sin embargo, el Dr. Mejía Ramírez, tras apelar la condena, utilizó sus conexiones dentro de la Junta Directiva del Colegio, presidida por Trajano Vidal Potentini, para manipular el proceso. Se intentó simular un procedimiento disciplinario en su contra, a pesar de que ya había sido juzgado y condenado por la Jueza Padilla Rosario. Este acto ha sido calificado como un intento de evitar que el abogado pagara la multa impuesta.

El Tribunal Disciplinario del Colegio, que no tiene jurisdicción sobre las condenas penales, dictó una sentencia a favor del Dr. Mejía Ramírez, ignorando la resolución de la Jueza. Este hecho pone de manifiesto la falta de ética y la complicidad dentro del Colegio, donde los miembros de la Junta Directiva parecen actuar en beneficio de sus propios intereses.

La situación se complica aún más con la reciente controversia en la que un miembro de la Junta, Juan Pérez Roa, actuó como «garante laboral» del exembajador Donny Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años por incesto. Este escándalo resalta la impunidad que persiste dentro del Colegio y la falta de acción contra aquellos que cometen faltas graves.

La actual Junta Directiva, compuesta en su mayoría por los mismos miembros que dirigieron el Colegio bajo Miguel Alberto Surún Hernández, ha sido acusada de perpetuar una cultura de corrupción y falta de ética. La comunidad jurídica se pregunta por qué no se han tomado medidas contra Pérez Roa y por qué se permitió la simulación de juicio en el caso del Dr. Mejía Ramírez.

La situación del Colegio de Abogados es alarmante, y muchos consideran que es hora de que se tomen medidas drásticas para erradicar la corrupción y restaurar la ética en la profesión. La falta de acción por parte de las autoridades competentes deja entrever que el problema va más allá de la gestión actual y se ha arraigado en la cultura del Colegio.