El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, advirtió sobre el aumento del riesgo de asaltos si algunas estaciones de combustibles dejan de aceptar pagos con tarjetas bancarias. Esta medida obligaría a los conductores a manejar grandes sumas de dinero en efectivo, lo que podría poner en peligro su seguridad.

La preocupación de Pérez Figuereo surge tras declaraciones de representantes del sector de expendio de combustibles, quienes argumentan que los costos por transacciones electrónicas, que oscilan entre un 4 % y un 7 % , afectan la rentabilidad de sus operaciones. Aunque reconoce el derecho de los empresarios a buscar soluciones, enfatiza que eliminar los pagos electrónicos no es la respuesta adecuada.

El dirigente de la CNTU recordó que, en el pasado, muchos choferes fueron asaltados al dirigirse a las estaciones de combustibles, ya que los delincuentes sabían que llevaban dinero en efectivo. Con la adopción de tarjetas, este problema se ha reducido considerablemente, y retroceder podría poner en riesgo la vida de quienes trabajan en las calles.

Pérez Figuereo destacó que la incorporación de medios electrónicos de pago ha modernizado el sector transporte y ha disminuido la exposición de los conductores a la delincuencia. Propuso la creación de una mesa de trabajo que incluya a transportistas, empresarios de estaciones de combustibles, representantes del sistema bancario y autoridades competentes para encontrar soluciones que beneficien a todos.

Como referencia, mencionó el caso de México, donde se logró un diálogo entre distribuidores de combustibles, entidades financieras y autoridades para reducir costos asociados al uso de tarjetas sin eliminar este método de pago. Pérez Figuereo expresó su convicción de que es posible encontrar una solución que alivie los costos de los comerciantes sin sacrificar la seguridad de los choferes.

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) anunció su decisión de retirar los verifones de las estaciones de combustibles afiliadas, argumentando que las comisiones cobradas por la banca dominicana hacen insostenible la operación del sector.