El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha despojado a ciudadanos de sus hogares y libertades sin ningún tipo de justicia, según denuncias recientes. Efectivos policiales y militares han tomado posesiones de personas detenidas o en el exilio, sin ningún proceso judicial que lo avale. Este acto de despojo ha sido calificado como terrorismo de Estado.

Maduro, actualmente preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrenta cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Manhattan. Su captura se produjo el 3 de enero de 2026, en una operación de la DEA en Caracas, lo que ha llevado a un cambio en la narrativa sobre su régimen. La justicia, aunque tardía, parece estar alcanzando a quienes han abusado del poder.

La situación actual en Venezuela

Delcy Rodríguez, quien fue una fiel aliada de Maduro, ahora ejerce como presidenta encargada de Venezuela. Su administración se encuentra bajo la vigilancia de Washington, que ha dejado claro que su cooperación es crucial para evitar un destino peor que el de Maduro. A pesar de elogios por su trabajo, analistas señalan que sus acciones son más simbólicas que efectivas.

El despojo de propiedades no fue un error aislado, sino una estrategia deliberada del régimen para intimidar a quienes se oponen. Esta política ha sido diseñada para destruir no solo la libertad de los disidentes, sino también su patrimonio y el futuro de sus familias. La dictadura ha tomado lecciones de sus mentores en Cuba, perfeccionando el arte de eliminar a sus enemigos políticos.

Curiosamente, la Constitución venezolana de 1999, presentada por Hugo Chávez como un símbolo de su revolución, garantiza el derecho a la propiedad privada y establece que solo se puede expropiar mediante una sentencia firme. Sin embargo, el régimen ha ignorado y violado estas garantías, mostrando una profunda contradicción entre sus discursos y sus acciones.

Los venezolanos que han huido del país, dejando atrás sus vidas, también enfrentan el dolor de regresar solo para encontrar sus hogares ocupados por oficiales chavistas. Esta situación ha contribuido a una diáspora que ya supera los siete millones de personas, convirtiéndose en la más grande de América Latina.

La complicidad de ciertos líderes progresistas, que se han negado a calificar al régimen como dictadura, ha sido igualmente criticada. Su silencio y falta de acción ante las atrocidades cometidas por el castrochavismo quedan registrados como una parte vergonzosa de la historia latinoamericana.

El pueblo venezolano, que ha sufrido enormemente, merece justicia real. Los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas, y el gobierno de Delcy Rodríguez debe devolver las propiedades robadas a sus legítimos dueños. A pesar de la caída de Maduro, las injusticias persisten, y más de quinientos presos políticos aún esperan su libertad.