Un total de 1,174,000 inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria implementada por el Gobierno español, de las cuales más de 608,000 ya han sido admitidas a trámite. Esta medida permite a los solicitantes obtener una primera autorización temporal para residir y vivir en España.

Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, horas antes de que el Ejecutivo presente detalles sobre esta iniciativa. Colombia lidera el origen de las solicitudes con un 26%, seguido de Marruecos con 13.4%, Venezuela con 11.7% y Perú con 8.8%.

Detalles de la regularización

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó en un mensaje de vídeo que esta medida permitirá que «cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza».

El plazo para presentar solicitudes se extendió desde el 16 de abril hasta el 30 de junio, a pesar de las demandas de diversas entidades sociales y partidos políticos que consideraron que este periodo era insuficiente debido a las dificultades burocráticas.

La regularización fue aprobada mediante un real decreto y surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600,000 firmas, aunque fue bloqueada en el Congreso por falta de consenso parlamentario. Inicialmente, se esperaba beneficiar a al menos medio millón de personas, cifra que ha sido superada.

Para poder solicitar la regularización, los inmigrantes debían haber residido en España antes del 1 de enero o ser solicitantes de asilo con peticiones previas a esa fecha, además de demostrar un mínimo de cinco meses de estancia en el país y carecer de antecedentes penales.

Los solicitantes tuvieron que presentar documentos que acrediten su tiempo de estancia en España, un certificado de antecedentes penales y, en algunos casos, un informe de vulnerabilidad emitido por una ONG autorizada por el Gobierno.

La medida ha sido bien recibida por partidos de izquierda, organizaciones sociales como Cáritas y sindicatos, mientras que ha sido criticada por partidos de derecha, incluyendo el Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox.