El abogado y politólogo Carlos Gabriel García expresó su preocupación por la posible promulgación del proyecto de ley que busca saldar deudas antiguas del Estado con contratistas, argumentando que esta medida podría afectar negativamente el legado fiscal del presidente Luis Abinader. García, a través de su cuenta en la red social X, considera que la iniciativa es poco conveniente en el actual contexto económico, especialmente por tratarse de compromisos que, en algunos casos, datan de más de 30 años.

El abogado afirmó: “No le conviene históricamente promulgar el proyecto de ley que pagaría deudas viejas por obras ejecutadas con o sin contrato, algunas con más de 30 años de realizadas”. Este señalamiento se produce en medio de una política oficial de austeridad, impulsada para enfrentar los efectos de la crisis geopolítica internacional, particularmente el aumento en los precios del petróleo y su impacto en la economía dominicana.

Impacto de la austeridad en la economía

García subrayó que el Gobierno ha procurado liberar más de RD$40,000 millones mediante recortes y racionalización del gasto público, por lo que entiende que aprobar esta ley podría generar contradicciones en la estrategia económica. “Más aún, después de entrar el gobierno en modo austeridad para encarar los desafíos derivados de la crisis en Medio Oriente, esa medida es improcedente”, agregó.

La pieza legislativa, ya aprobada por el Congreso Nacional, fue remitida al Poder Ejecutivo tras ser modificada por el Senado, luego de que una versión anterior fuera observada por el presidente Abinader debido a inconsistencias en la identificación de beneficiarios y la falta de claridad sobre el origen de los fondos. El nuevo proyecto introduce un cambio significativo al establecer la creación de una comisión técnica evaluadora, que tendrá la responsabilidad de analizar cada caso antes de autorizar cualquier pago.

Esta comisión podrá validar, ajustar o rechazar las reclamaciones, aunque no podrá incluir nuevos beneficiarios. Las deudas contempladas corresponden a obras públicas ejecutadas con o sin contrato formal, muchas de ellas vinculadas a infraestructura estatal, incluyendo proyectos educativos. Según reportes oficiales, los casos fueron sometidos a un proceso de revisión técnica durante varios meses para depurar las solicitudes.

Debate sobre la transparencia y sostenibilidad

La discusión en torno a esta ley ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos y la pertinencia de reconocer obligaciones con décadas de antigüedad, en un contexto donde el Estado busca fortalecer la disciplina fiscal. El planteamiento de García se suma a otras voces que llaman a ponderar los efectos de esta decisión en la credibilidad institucional y en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Con el proyecto en manos del presidente Luis Abinader, el país permanece atento a la decisión final, que podría implicar su promulgación, observación o devolución al Congreso. El resultado marcará un precedente importante en la gestión de pasivos históricos del Estado y en el equilibrio entre responsabilidad fiscal, legalidad y transparencia en la administración pública.