La Cámara de Cuentas reveló que el Gobierno dejó sin ejecutar 379 proyectos incluidos en el Presupuesto General del Estado, mientras que 247 proyectos no contemplados inicialmente recibieron recursos tras modificaciones presupuestarias. Esta auditoría destaca deficiencias en la planificación de la inversión pública y fue aprobada el 27 de abril.

El informe señala que los 379 proyectos sin ejecución habían recibido una asignación inicial de 2,935.1 millones de pesos, que se redujo en más de un 80 % a 578.2 millones de pesos, sin que se registrara ninguna ejecución. Durante el mismo período, el Gobierno incorporó y ejecutó proyectos que no estaban en el presupuesto aprobado por el Congreso.

Entre los proyectos incorporados se encuentran obras como el paso a desnivel de la prolongación de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar y la extensión de la avenida Jacobo Majluta hasta la avenida República de Colombia. En total, se destinaron 11,646 millones de pesos a los 247 proyectos incorporados durante el año.

La Dirección General de Presupuesto (Digepres) justificó la inclusión de estas obras mediante la Ley 86-25, que modificó el presupuesto. Sin embargo, la Cámara de Cuentas reiteró que la incorporación de un número tan elevado de proyectos después de la aprobación del presupuesto evidencia una deficiente planificación inicial.

El informe también menciona inversiones pendientes, como tres sistemas de riego en Azua, Dajabón y Puerto Plata, que terminaron el año sin ejecución. Asimismo, se identificaron proyectos sin avances en Santiago Rodríguez y en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

La Cámara de Cuentas cuestionó el proceso de planificación de las inversiones, señalando que el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) contemplaba 2,023 proyectos para 2025, pero solo 1,968 estaban registrados en el Sistema de Gestión Financiera, lo que representa una diferencia de 55 proyectos. Además, el presupuesto inicial solo asignó poco más de la mitad de los recursos previstos en el plan.

La deuda del Sector Público no Financiero aumentó del 47.37 % del PIB en 2024 al 48.59 % en 2025, alejándose de la meta del 40 % fijada en la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24) para 2035. También se observó que el Gobierno sigue incluyendo operaciones de crédito no concretadas en presupuestos anteriores.

En el ámbito municipal, la auditoría detectó que el 85.68 % de los ayuntamientos y juntas distritales no actualizaban sus portales de transparencia, lo que viola la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Además, se encontró una diferencia de 9,727.6 millones de pesos entre los montos reportados por Fiduciaria Reservas y los registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Finalmente, el informe destaca que las estimaciones de ingresos no reflejaron adecuadamente el comportamiento real de algunas instituciones, como el Banco de Reservas, que reportó ingresos por rentas de la propiedad equivalentes al 308.46 % de lo presupuestado. La Cámara de Cuentas también identificó diferencias por 979,837 millones de pesos entre los activos reportados por las instituciones públicas y los registros consolidados, lo que contribuye a un patrimonio neto negativo del Gobierno Central de 1.29 billones de pesos al cierre de 2025.