Las decisiones judiciales que frenaron el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) han generado un nuevo referente en el derecho aeroportuario. Este análisis se recoge en un libro reciente que concluye que no existe un modelo único de gestión aeroportuaria, enfatizando la importancia de que cualquier proyecto cumpla con la legalidad y garantice la seguridad operacional.

La obra, titulada Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario, examina el litigio entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Este caso se ha convertido en uno de los más relevantes del sector aeronáutico dominicano y es considerado una referencia en el estudio del derecho de las infraestructuras y la buena administración pública.

La controversia se inició en 2020, cuando se otorgaron las autorizaciones para el desarrollo del aeropuerto. Sin embargo, el IDAC promovió la declaración de lesividad de esos actos, argumentando que había irregularidades en el procedimiento y que la competencia para autorizar un nuevo aeropuerto recaía en el propio organismo aeronáutico.

Tras varios años de litigio, el Tribunal Constitucional validó en 2025 las actuaciones administrativas que impidieron la ejecución del proyecto, cerrando así un conflicto que ahora se estudia a nivel académico. Diego González, presidente de la Asociación Mundial de Derecho Aeroportuario (WALA), señaló que el debate sobre gestión aeroportuaria a menudo se centra en el propietario del aeropuerto, cuando lo crucial es cómo se administra.

González enfatizó que tanto los modelos públicos como privados pueden ser exitosos si operan dentro del marco legal y aseguran la calidad del servicio. Por su parte, Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, describió el aeropuerto como un «libro abierto de derecho público y privado», donde convergen diversas relaciones jurídicas.

El análisis de infraestructuras como el AIB requiere considerar el derecho de las infraestructuras, que incluye principios de planificación estratégica y buena administración. Los autores del libro consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional ofrece elementos que trascienden el caso específico del AIB.

González también destacó la importancia de la jurisprudencia en la definición del derecho aeroportuario, afirmando que las decisiones de los tribunales superiores son clave para interpretar las normas que regulan la aviación civil. Además, se discutió el interés público como base de las decisiones administrativas, recordando que las autorizaciones deben respetar el ordenamiento legal.

Al abordar los criterios para la construcción de nuevos aeropuertos, González explicó que las decisiones se basan en estudios técnicos realizados por las autoridades aeronáuticas. Afirmó que, aunque existen modelos variados en diferentes regiones del mundo, hay exigencias comunes que deben cumplirse.

El caso del AIB se ha convertido en un referente para entender la relación entre legalidad, regulación aeroportuaria e interés público. Rodríguez-Arana planea utilizar esta experiencia en sus cursos universitarios, mientras que González considera que la publicación contribuye al desarrollo del derecho aeroportuario en América Latina.