El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, destacó la urgencia de establecer una cultura de acuerdos en los procesos judiciales de la República Dominicana.

Según Camacho, esta práctica es esencial para garantizar la viabilidad de la justicia penal en el país.

En un sistema adversarial, los acuerdos entre las partes son fundamentales. Camacho enfatizó que un sistema adversarial no es viable sin acuerdos y que la efectividad en la lucha contra el crimen organizado depende de ellos.

El contexto actual del sistema judicial es preocupante. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, advirtió que no es posible resolver todos los casos penales mediante juicios.

Si no se producen los acuerdos… el sistema no va a colapsar, ya colapsó, afirmó, haciendo referencia a la sobrecarga que afecta a los tribunales.

Molina sugirió que la República Dominicana debería adoptar modelos de países desarrollados, como Estados Unidos, donde los casos penales se resuelven a través de acuerdos.

Esta conciencia tenemos que tenerla no solo para los casos mediáticos, sino para cada caso del país, agregó.

Ambos funcionarios coincidieron en que fortalecer la práctica de los acuerdos podría agilizar los procesos judiciales, optimizar recursos y enfocar los esfuerzos en los casos más complejos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.

Insistieron en que la solución no puede centrarse únicamente en juicios de fondo, sino en promover mecanismos alternativos para una gestión más eficiente del sistema de justicia.

Durante un diálogo en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, Molina abordó la situación del sistema penal dominicano y la necesidad urgente de fortalecer la cultura de acuerdos.

Por su parte, los abogados Carlos Balcácer y Pedro Germán respaldaron las declaraciones de Molina, señalando que el sistema judicial enfrenta un colapso estructural.

Atribuyeron esta situación a la falta de presupuesto, la insuficiencia de tribunales y el aumento de la carga procesal.

Los juristas advirtieron que el incumplimiento del mandato constitucional de asignar el 10% del presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público limita la creación de nuevos tribunales y la mejora del sistema.

Además, señalaron que, aunque se han intentado agilizar los procesos, esto ha llevado a vulneraciones de derechos y a la anulación de sentencias por parte del Tribunal Constitucional.

Ambos coincidieron en que la precariedad laboral, la falta de recursos y la complejidad de los casos, especialmente los relacionados con corrupción y crimen organizado, seguirán provocando congestión judicial mientras no se fortalezca el financiamiento del sistema.