La Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana (Amfis) respaldó a la procuradora fiscal Ayeisa Cedeño Richiez, afirmando que las condiciones de hacinamiento en el centro de retención provisional de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte no son responsabilidad de ella. La organización emitió un comunicado este domingo, defendiendo la actuación de Cedeño Richiez en el marco de la Constitución y las leyes.

Según el comunicado, la procuradora fiscal garantiza los derechos fundamentales de los detenidos y se esfuerza por que sus solicitudes de medidas de coerción sean atendidas rápidamente por los tribunales. Sin embargo, la situación actual en Santo Domingo Este es consecuencia de problemas estructurales, ya que el centro de retención de San Luis opera al límite de su capacidad y el Centro Penitenciario Las Parras no está recibiendo nuevos internos desde hace semanas.

Impacto en el sistema judicial

Esta situación ha provocado dificultades logísticas en el traslado y recepción de detenidos, afectando los procesos penales en la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte. Las juristas señalaron que, debido a estas limitaciones, se han aplazado numerosas audiencias de medidas de coerción, con algunos detenidos esperando hasta un mes para que sus solicitudes sean conocidas por el tribunal correspondiente.

Amfis destacó que las restricciones del sistema penitenciario no son atribuibles al Ministerio Público, ya que la administración del régimen penitenciario ya no es parte de sus competencias. Esto significa que la disponibilidad de espacios en los centros de privación de libertad escapa a su control.

La función de Ayeisa Cedeño Richiez, como directora de la Unidad de Violencia de Género, es proteger a las víctimas, dirigir investigaciones y solicitar medidas de coerción dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas. La Asociación de Mujeres Fiscales reafirmó su apoyo a su labor y pidió que el debate sobre esta problemática se base en información objetiva y en la identificación correcta de las causas de las dificultades operativas en la jurisdicción.