Participación Ciudadana (PC), un movimiento cívico no partidista, exigió que se dicte juicio de fondo contra los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, argumentando que las pruebas y testimonios presentados por el Ministerio Público son suficientes para avanzar en el proceso judicial. La organización hizo esta declaración tras presentar su noveno Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, donde se analiza la situación de varios casos judiciales en la República Dominicana.

En el informe, PC también criticó la decisión de un tribunal que favoreció con un no ha lugar a Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, sugiriendo que este caso también debería haber sido enviado a juicio de fondo. Según la organización, las evidencias presentadas deberían haber permitido que los tres imputados enfrentaran la siguiente fase procesal, donde se evalúan de manera integral la credibilidad y pertinencia de los elementos probatorios.

Detalles del caso de corrupción

El caso de corrupción en cuestión involucra la presunta distracción de «alrededor de 41 mil millones de pesos», con un total de 175 querellantes y actores civiles relacionados con pagos de expropiaciones por parte del Estado. Estos querellantes se suman a la representación del Estado dominicano, que busca recuperar los bienes supuestamente desviados.

El informe de PC también se centra en otros casos relevantes, como el de los militares y policías encabezados por el mayor general Adán Cáceres, así como los procesos que involucran a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y el exdirector del Intrant, Hugo Beras. La organización señala que las recientes decisiones judiciales en estos casos son cruciales para el avance de la justicia penal en materia de corrupción.

En relación con Gonzalo Castillo, PC destacó que la jueza Altagracia Ramírez, al emitir el no ha lugar, mencionó cheques emitidos por terceros a favor del exfuncionario sin hacer un juicio sobre ellos. Esto, según PC, podría interpretarse como un intento de justificar que esos fondos eran contribuciones lícitas a su campaña presidencial, lo que complica la distinción entre fondos lícitos e ilícitos.

El Ministerio Público presentó testimonios que intentan probar la relación de Castillo con fondos ilícitos, los cuales fueron admitidos como pruebas que se valorarán en el juicio de fondo de los que sí avanzaron a esa etapa. La imputación sugiere que la estafa de más de 41 mil millones de pesos se llevó a cabo mediante pagos irregulares por expropiaciones y sobornos a contratistas, que supuestamente fueron utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

En cuanto a José Ramón Peralta, PC indicó que los fiscales presentaron testimonios para demostrar que este recibió 50 millones de pesos, lo que, según la organización, debió ser suficiente para enviar el caso a juicio de fondo. En este proceso, se dictó auto de apertura a juicio de fondo contra Donald Guerrero y otros exfuncionarios, destacando que en un corto período se han tomado decisiones judiciales en varios casos de corrupción administrativa.

PC concluyó que, en total, se han producido 29 condenas en primer grado y se ha enviado a juicio de fondo a 51 personas imputadas en los principales casos de corrupción del país. La organización reconoció el esfuerzo del Ministerio Público en la presentación de estos casos y la labor de las magistradas del Primer Tribunal Colegiado, que han manejado el proceso con eficacia a pesar de su complejidad.