Un intento inédito de suspender provisionalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, ha generado una fuerte polémica política en Colombia, a solo once días de la segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario del país. La medida fue impulsada por la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien argumentó que Petro habría incurrido en participación política al pronunciarse sobre la campaña electoral, lo cual está prohibido para quienes ocupan la Presidencia.

La decisión ha sido cuestionada por expertos y políticos, ya que, según la Constitución colombiana, solo el Senado puede decretar la suspensión del jefe de Estado tras un proceso formal de acusación. Desde Nueva York, donde participa en actividades del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Petro rechazó las acusaciones y defendió su derecho a expresar opiniones dentro del marco constitucional, argumentando que las críticas son resultado de diferencias ideológicas.

Controversia en medio de la campaña electoral

Esta controversia se produce en un contexto de intensa campaña electoral, donde se enfrentarán en segunda vuelta el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda. En el documento inicial de Arizabaleta, se planteaba que la permanencia de Petro en el cargo podría afectar el desarrollo de la investigación por presunta participación política, aunque especialistas en derecho constitucional han señalado que la medida carece de sustento legal.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la iniciativa como improcedente, recordando que ninguna representante individual tiene la facultad de apartar temporalmente al presidente de sus funciones. Posteriormente, Arizabaleta dejó sin efecto su decisión inicial y presentó un nuevo recurso para que sea analizado y votado por el pleno de la Comisión de Investigación y Acusación.

Juristas consultados coincidieron en que cualquier suspensión presidencial requiere un procedimiento más complejo y la intervención del Senado, tal como establece la Constitución. La controversia ha desatado críticas desde distintos sectores políticos, incluyendo a De la Espriella, quien la calificó como una maniobra para favorecer a Petro y reforzar su discurso de victimización.

El expresidente Iván Duque también cuestionó la legalidad de la medida, sugiriendo que podría estar orientada a permitir una mayor intervención política de Petro en el proceso electoral. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la iniciativa, considerándola una estrategia para generar tensión institucional a pocos días de las elecciones.

La controversia se suma a un clima de alta polarización en Colombia, donde las disputas políticas y jurídicas continúan marcando el debate nacional en la recta final de la campaña presidencial.